Vecinos de Tafira dieron aviso ante el olor a aguas fecales que se apreciaba desde un sendero que bordea el Guiniguada
Agentes de protección medioambiental de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han denunciado al propietario de una conocida finca en la que se celebran eventos en el barrio de Tafira por el vertido continuo de aguas residuales hacia el barranco del Guiniguada.
Agentes de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía capitalina se trasladaron a la zona afectada por los malos olores para iniciar una investigación sobre su procedencia. El sendero en cuestión se encuentra en suelo de protección natural y próximo al paisaje protegido de Pino Santo.
Los hechos ocurrieron a finales del mes de agosto, después de que varios vecinos de Tafira denunciaran ante la Concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento capitalino el mal olor que se respiraba desde un sendero que bordea el barranco del Guiniguada.
Tubería de aguas residuales
Durante la inspección policial, los agentes detectaron a escasos metros del sendero una tubería que emergía de la ladera y de la cual emanaban aguas residuales que corrían hacia el cauce del barranco de Guiniguada. La vegetación afectada por las aguas se encontraba muerta y del terreno emanaba un olor “difícilmente soportable” según consta en el informe policial.
Además, los policías observaron que en el recorrido de las aguas residuales habían toallitas y otros residuos domésticos que indicaban que el vertido provenía de la única vivienda que había en el entorno. Como se confirmó posteriormente.
Se trata de una finca de más de nueve mil metros cuadrados y aproximadamente un siglo de antigüedad, de uso residencial y en la que se celebran habitualmente eventos. Esta propiedad privada carece de conexión a la red de alcantarillado municipal y tampoco dispone de fosa séptica, por lo que todas las aguas residuales son vertidas diariamente y de forma continuada hacia el barranco, según se concluye en la investigación policial.
Los informes elaborados por los agentes de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) denuncian al propietario de la citada finca ante el Ayuntamiento y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, dando inicio a un procedimiento sancionador que podría resolverse con multas de hasta 300.000 euros, además de la obligación de corregir la situación y reponer el daño causado.
Asimismo, dado que el vertido ha podido dañar suelo de protección natural y afectar al Espacio Natural Protegido de Pino Santo, la Policía Local ha remitido diligencias a la Fiscalía Provincial de Medioambiente por si se hubiera incurrido en responsabilidad penal por un delito medioambiental.
