Varias familias ocupan ilegalmente la urbanización majorera Atalaya Dorada
La urbanización majorera Atalaya Dorada ha sido ‘okupada’ en los últimos meses casi en su totalidad. Lo que pretendía ser una urbanización de lujo se ha convertido en un foco de inestabilidad.
Los propietarios han intentado instalar un control de acceso a la propiedad, pero ha sido en vano. Los moradores ilegales de estas viviendas han destrozada las barreras, las cadenas e incluso los coches de los vigilantes de seguridad.
El conflicto ha derivado en uno de los propietarios agredido, y un guarda de seguridad que según denuncia la empresa, fue apedreado durante la noche y necesitó 12 puntos de sutura.
Los conflictos en Las Raíces se saldan con seis vigilantes de baja por lesiones
Las protestas continúan en el centro de acogida, donde este fin de semana seis vigilantes resultaron heridos y varios migrantes detenidos
Continúan los problemas en el centro de acogida de Las Raíces, donde se suceden las reyertas y protestas violentas que han dejado varios heridos y detenidos.
Las últimas trifulcas tuvieron lugar este fin de semana, a raíz, una vez más, de las precarias condiciones en que viven los migrantes, como llevan semanas denunciando diversos colectivos y ONG´s, incluyendo la que gestiona el centro.
Seis de los vigilantes de seguridad del centro están de baja por las lesiones sufridas, lo que refleja la tensión que se vive en esta instalación que actualmente acoge a más de 1.200 personas.
Sanidad detecta nuevas variantes del coronavirus
La variable británica supone ya el 90% de los casos en algunas comunidades, mientras continúan detectándose nuevos positivos de otras
La variante británica del coronavirus sigue expandiéndose por España y supone ya el 90 por ciento de los casos en algunas comunidades, mientras continúan detectándose nuevos positivos de otras, como la californiana, que suma ya 25 positivos, o la portuguesa, de la que se ha confirmado el primero.
Así lo recoge la última actualización del «Informe sobre la situación epidemiológica de la variante B.1.1.7 de SARS-CoV-2 y otras variantes de interés», que señala que la británica, la principal variante que está bajo la lupa del Ministerio de Sanidad, ya está presente en todas las comunidades.
Pero también mantiene como variantes de interés para la Salud Pública (VOC) que más le preocupan la B.1.351 (la sudafricana), de la que se han detectado 55 casos y la P.1 (la brasileña), de la que hay 15 contagiados.
El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias supervisa otras siete: la B.1.429 (californiana); la P.2 (Río de Janeiro); la B.1.525 (nigeriana) y la C.16 (portuguesa), de las que España ha confirmado 25, 15, 6 y un caso, respectivamente.
Salvamento busca una patera con 35 mujeres y 15 menores al Sur de Canarias
La patera salió sobre las 4.00 de la madrugada del sábado pasado de la costa de Dajla, a unos 450 kilómetros de distancia de Gran Canaria.
Un avión de Salvamento Marítimo busca desde este lunes por la tarde al sur de Gran Canaria a una patera con 65 inmigrantes a bordo, ha confirmado a Efe un portavoz de este servicio público
En la barquilla viajan 35 mujeres y 15 menores, de acuerdo con la información recibida a través de las familias por la ONG que ha alertado de su salida, Caminando Fronteras.
Siempre según esos datos, la patera salió sobre las 4.00 de la madrugada del sábado pasado de la costa de Dajla, en el sur del Sahara, a unos 450 kilómetros de distancia de Gran Canaria.
El Constitucional portugués rechaza la ley que despenaliza la eutanasia
El Tribunal Constitucional (TC) de Portugal rechazó este ley aprobada en enero por el Parlamento, al considerarla inconstitucional, aunque abrió la puerta a que el Parlamento vuelva a tramitarla.
El Tribunal Constitucional (TC) de Portugal rechazó este lunes la ley que despenaliza la eutanasia, aprobada a finales de enero por el Parlamento. El órgano de Justicia considera la norma inconstitucional por utilizar conceptos «imprecisos», aunque abrió la puerta a que el Parlamento vuelva a tramitarla.
El presidente del tribunal, João Pedro Caupers, comunicó que siete de los doce jueces votaron en contra de la norma, aunque señaló que la eutanasia, por sí misma, no es inconstitucional: «El derecho a la vida no se puede transfigurar en un deber de vivir en cualquier circunstancia».
Por ello, dejó la puerta abierta a que una nueva norma sobre la eutanasia pueda prosperar en el futuro, si el Parlamento subsana los puntos considerados inconstitucionales.
Despenalización de la eutanasia
La norma despenalizaba la eutanasia para casos de mayores de edad, sin enfermedades mentales, en situaciones de «sufrimiento insoportable, con lesión definitiva de gravedad extrema de acuerdo con el consenso científico o enfermedad incurable y fatal», y fue remitida al TC de forma preventiva por el presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa.
Rebelo de Sousa consideraba que la ley utilizaba conceptos «excesivamente indeterminados» a la hora de definir los requisitos para permitir el acceso a la muerte médicamente asistida, reservas con las que coincide el Constitucional.
Los jueces señalaron «imprecisión» a la hora de definir en qué situaciones se puede solicitar la muerte asistida, que debe ser legislada con normas «claras, precisas, anticipables y controlables», explicó Caupers.
En ese sentido, refirió que la expresión «lesión definitiva de gravedad extrema» «no permite delimitar con el indispensable rigor» en qué situaciones se puede solicitar la eutanasia.
El concepto de «sufrimiento extremo«, que también levantaba dudas al jefe del Estado, sí fue aceptado por el tribunal al entender que puede ser determinado por un médico.
De vuelta al Parlamento
Al ser declarada inconstitucional, la ley será vetada por Rebelo de Sousa y volverá al Parlamento.
La despenalización de la eutanasia fue aprobada en la Cámara el 29 de enero tras un año de trámite parlamentario, con el apoyo de los grupos de izquierda, el rechazo de la derecha, y en medio de un tenso debate sobre la idoneidad del momento debido a la pandemia.
Además de tener una enfermedad o lesión incurable, la norma portuguesa establecía que la decisión final sería evaluada por un comité de expertos y solo podría practicarse en el Sistema Nacional de Salud
Yolanda Díaz asumirá la vicepresidencia segunda del Gobierno
La ministra de Trabajo ha asegurado este lunes que asumirá la vicepresidencia segunda, después de que Pablo Iglesias haya decidido salir del Ejecutivo de coalición
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes que asumirá la vicepresidencia segunda del Gobierno, después de que Pablo Iglesias haya decidido salir del Ejecutivo de coalición, y ha afirmado que ante este «reto» será para ella «un honor» seguir trabajando con el presidente Pedro Sánchez.
A través de un mensaje difundido en su cuenta personal de Twitter, Díaz apunta que en el último año ha puesto todo su «esfuerzo» en «la protección del empleo y de las personas trabajadoras».
Díaz suma a este tuit otro en el que considera «valiente y necesaria» la candidatura de Pablo Iglesias a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y afirma que el líder de Unidas Podemos «unirá, con fuerza e ilusión, al Madrid que más queremos».
Ha sido Iglesias quien ha propuesto a Yolanda Díaz para ocupar la Vicepresidencia Segunda del Gobierno de coalición.
El presidente Pedro Sánchez ha asegurado desde Francia tener la mejor de las opiniones de la ministra de Trabajo, al tiempo que ha sugerido que aceptaría la propuesta porque respeta los acuerdos que firma.
El Cabildo de Gran Canaria destina cinco millones de euros a la atención de personas mayores y dependientes
El programa incluye servicios que abarcan desde el acompañamiento o la realización de las tareas del hogar hasta la atención profesional especializada
El Cabildo de Gran Canaria destinará 5 millones de euros al refuerzo de la red municipal de atención social a mayores, personas enfermas o con discapacidad, menores y colectivos en riesgo de exclusión.
Se incluye servicios que abarcan desde el acompañamiento o la realización de las tareas del hogar hasta la atención profesional especializada, se indica en un comunicado.
Este programa de colaboración con los municipios forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria y contempla 2,5 millones de euros para 2021 y otro tanto para 2022. Estas ayudas van destinadas a cubrir gastos de personal, cuotas de la seguridad social, contratación de profesionales autónomos, suministros y materiales, incluso arrendamiento de espacios para prestar los servicios.
Las personas que precisen cuidados por edad, enfermedad o discapacidad incluyen tareas domésticas desde la compra de alimentos, la preparación de comida a lavado y planchado de ropa a la limpieza o pequeñas reparaciones del domicilio, además del aseo, cuidar la toma de medicación, ayuda psicomotriz, acompañamiento y dar respiro temporal a las familias.
Equipos municipales y centros de día
Asimismo, las subvenciones fortalecerán los equipos municipales y centros y servicios de día destinados a la atención de menores para disminuir los indicadores de riesgo que inciden en su situación personal, familiar y social.
Los ayuntamientos también podrán intensificar el trabajo con personas en situación o en riesgo de exclusión social a través de sus servicios de mediación y acompañamiento social. Dicha labor que engloba la atención específica a personas sin hogar y la puesta a su disposición de alojamiento y atención básica.
Igualmente, los municipios tienen la posibilidad de destinar los fondos a prevenir o paliar las consecuencias de las drogodependencias y otras adicciones, así como a prestar apoyo a la población migrante.
El programa permite financiar proyectos de ocio y tiempo libre para personas que no tengan suficiente acceso a las actividades culturales, recreativas o deportivas para promover su integración social.
Funcionarios de prisiones protestan ante la escalada de violencia en Las Palmas II
Denuncian que la cárcel está ‘desbordada’ y su personal al 50%. Este lunes acudieron a una concentración de protesta en la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias
La Junta de Personal de los servicios periféricos del Estado en la provincia de Las Palmas ha denunciado este lunes la escalada de violencia que se registra en la cárcel Las Palmas II, en el sur de Gran Canaria, centro con una relación de puestos de trabajo cubierta al 50 % y con el 10 % de su personal de baja por esta causa.
Así lo ha manifestado en una concentración de protesta celebrada ante la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias la portavoz del colectivo de funcionarios de Las Palmas II, Yolanda Rivera, de Acaip-UGT, quien ha explicado a los periodistas que las agresiones al personal de esta cárcel «desbordada» por parte de internos se repiten cada vez con más frecuencia.
Rivera ha asegurado que esta situación es inédita y se produce en un centro polivalente, con una estructura susceptible de albergar a muchos tipos de internos, pero con un personal deficitario para atender tales requerimientos.
El personal está desbordado
«Nos envían, cuando tienen mal comportamiento, internos de todos los centros penitenciarios de las islas, pero nosotros no estamos dotados de personal ni de una infraestructura de educadores, programas de tratamiento o médicos suficientes para atender esa demanda, lo que genera, por ejemplo, que todos los fines de semana haya problemas porque la medicación de cada interno para ese periodo de tiempo se entrega los viernes, lo que da pie a que hagan mal uso de ella, porque nadie controla que se la tomen cuando corresponde», ha referido.
La integrante de la Junta de Personal de los servicios periféricos del Estado en la provincia de Las Palmas también ha aludido a la situación que afecta a internos psiquiátricos «que están mal atendidos» y ha subrayado que el personal de esta cárcel no había visto antes tantas «agresiones o faltas de respeto tan flagrantes».
De los 300 funcionarios de esta cárcel, la mitad hace labores de oficina, no de vigilancia, lo que genera que muchas veces dos trabajadores se vean en módulos conflictivos con cien internos, ha aseverado Rivera, quien ha considerado que uno de los problemas que sufre esta prisión es que, tras una agresión a un funcionario, el interno que la causa no es derivado a otra, como sí ocurre en la península, un hecho que agrava la indefensión que denuncian los sindicatos del sector ante hechos como estos.
«Tras estar en aislamiento, vuelven al módulo y ellos mismos se retroalimentan, dicen este le pegó al funcionario y no le ha pasado nada, no ha sido castigado como es debido», afirma la trabajadora de esta cárcel, que alberga a 806 reclusos.
Aumentan las agresiones
El hecho de que los funcionarios de prisiones no sean considerados autoridad pública y que «a los internos, que son consumidores de drogas, les salga gratis agredirles», frente a lo que les ocurre en la calle cuando cometen hechos similares, explica, a juicio de estos sindicatos, que los actos violentos de los que son objeto estos funcionarios se hayan triplicado en el último año, una situación que les genera «miedo» y sensación de «desamparo», ha dicho Aitor Martínez, de CSIF.
Yolanda Rivera ha precisado que los dos compañeros agredidos el viernes están de baja y muy nerviosos, ya que «si el pincho con el que fueron atacados hubiera pinchado lo suficiente, hubiesen matado» a uno de ellos.
«Nosotros no entramos a un módulo con porras, esposas o un escudo, sino con un bolígrafo en la camisa y un ‘walkie-talkie’ para poder llamar a compañeros en caso de problemas, los medios coercitivos no se usan habitualmente, sino en caso de peligro», ha recalcado.
Además de comprometerse a investigar lo que está sucediendo en esta cárcel, la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, quien ha recogido el manifiesto entregado por los afectados, ha animado a la población canaria a opositar para ser funcionario de prisiones, lo que contribuiría a paliar, en parte, el vacío que dejan los muchos trabajadores que concursan cada año para cambiar de destino, que pueden llegar a superar el centenar en Las Palmas II, según los sindicatos.
