Un total de 28 cuerpos sin inhumar, la mayoría de migrantes, se acumulan desde junio en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria
Un total de 28 cadáveres se acumulan desde el pasado mes de junio en las cámaras del Instituto de Medicina Legal (IML) de Las Palmas de Gran Canaria. La mayoría de los cuerpos sin inhumar son de migrantes llegados en cayucos o pateras a la isla que murieron en la travesía o tras desembarcar. Según fuentes del IML, se trata de un problema que sigue sin resolverse. Un problema que preocupa al centro debido a que se guardan en la cámara de catástrofes. Una cámara destinada a sucesos con múltiples víctimas, que debe estar preparada para este fin y cuya capacidad es de 30 cadáveres.
Además, los cuerpos no se depositan en cámaras congeladoras, sino solo refrigeradas, con lo que terminan deteriorándose. Con el tiempo llegan a un estado de putrefacción, lo que supone un foco de infección y un riesgo sanitario, pese a que el personal del Instituto accede con protección, han advertido las fuentes.
En el IML siguen entrando cadáveres y el proceso para llevar a cabo estos enterramientos «va muy lento«, pero no desde el punto judicial, donde «no hay obstáculos» para celebrar los funerales.
La mayoría de estos cadáveres pertenecen a migrantes, pero una tercera parte son de extranjeros muertos en otras circunstancias que no han sido reclamados. Están a la espera también de un entierro de beneficiencia, que en España es un coste que recae sobre los ayuntamientos.
El coste recae en los ayuntamientos
Al Ayuntamiento de Mogán le corresponde asumir los sepelios de los inmigrantes que llegan muertos al puerto de Arguineguín. Los ha sufragado durante años, hasta que se ha encontrado con un problema de falta de suelo en su cementerio. Todo ello ante el incremento del número de muertes tras reactivarse la Ruta Canaria.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, reclamó la solidaridad del resto de los municipios de Gran Canaria. La comisión insular de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) llegó a un acuerdo en noviembre para colaborar. Cediendo espacio en otros ayuntamientos, ha informado el presidente del citado órgano y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández.
Entonces, en noviembre, cuando Mogán apeló a la solidaridad municipal, eran 24 los cadáveres de inmigrantes pendientes de enterrar, todos desembarcados en el puerto de Arguineguín.
En el acuerdo, aprobado de forma unánime, cada ayuntamiento se comprometía a inhumar un cadáver. A excepción de Telde, Santa Lucía y Las Palmas de Gran Canaria, los de mayor población, que se responsabilizaban de dos cada uno.
Así mismo, se solicitó a la Delegación del Gobierno una reunión para que asumiera los costes económicos derivados de estos funerales. Se celebró dos semanas después del acuerdo con el delegado en Canarias, Anselmo Pestana. Les trasladó que la competencia de esos entierros era de los ayuntamientos y que su departamento no tenía recursos para afrontar esos gastos.
Sepultura para los extranjeros fallecidos que no son reclamados
En esa reunión también se pidió al delegado del Gobierno que asumiera el coste de dar sepultura a los demás extranjeros que fallecen en la isla. Los que no son reclamados por sus familiares.
Desde la Delegación del Gobierno se ha insistido en que los ayuntamientos contarán con «apoyo institucional«. También en que no tienen competencias, lo que mismo que asegura la Viceconsejería de Justicia de la comunidad autónoma, según fuentes consultadas.
Óscar Hernández ha afirmado que el 11 de febrero le comunicó la directora general de Relaciones con la Justicia del Gobierno de Canarias, Mónica Ceballos, que había un compromiso por parte de la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, de asumir los costes para los traslados y enterramiento. Esta cuestión que ha sido negada por fuentes de ese departamento.
Según Hernández, los ayuntamientos que van a colaborar en los funerales están pendientes de que se les comunique «el día y la hora que van a llegar los cuerpos».
Costes de las funerarias
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha asegurado también que la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la exdirectora de Relaciones con la Administración de Justicia Marta Bonet se comprometieron a asumir los costes de las funerarias. Se comprometieron cuando se le trasladó al Gobierno canario el compromiso de la Fecam.
La Viceconsejería de Justicia «asumía las riendas y el coste» como se hizo con los 24 inmigrantes que llegaron fallecidos en un cayuco al puerto de Los Cristianos (Arona) en abril del año pasado y que fueron enterrados en La Candelaria y Santa Cruz de Tenerife. Es el Gobierno el que se hace cargo cuando se trata de un número elevado, ha señalado Bueno. Sostiene que los ayuntamientos sufragan los gastos del nicho y del sepulturero.
La alcaldesa de Mogán, en cualquier caso, considera que si los inmigrantes fallecen en alta mar, en aguas españolas debe ser el Gobierno de España el competente. En ningún caso los municipios, que se deben limitar a sufragar los nichos y el sepelio.
