El Gobierno canario puede recurrir de nuevo al Tribunal Supremo de Justicia de Canarias antes de acudir al Supremo
Informa: Marta Rodríguez / Moisés Raya
El Gobierno de Canarias aún no tiene decidido si recurrirá al Tribunal Supremo (TS) las medidas restrictivas para la contención de la COVID-19 en Canarias como las relativas a los toques de queda, movilidad y reuniones, porque antes de optar por esta vía existe otra posibilidad y es la de acudir nuevamente al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El motivo es que tal y como se recoge en el auto, caben interpretaciones jurídicas que podrían llevar a un nuevo recurso ante el TSJC.
Una vez que el TSJC responda nuevamente al Gobierno de Canarias, este tiene tres días para interponer recurso. Si el recurso va dirigido al Supremo, contarán otros tres para que se admita y un máximo de cinco para que resuelva.
De llegar al Supremo, el criterio será definitivo y el Gobierno de Canarias ya ha dicho que lo acatará.
Escrito de aclaración
El Gobierno de Canarias ha mandado al TSJC un escrito pidiendo aclaración del auto de rechazo de las medidas restrictivas, para saber qué medidas se pueden seguir aplicando y cuáles no.
En función de esa respuesta, decidirán si convocan un Consejo de Gobierno extraordinario o hay que hacer alguna modificación en el Consejo del jueves.
Una vez que se tenga la respuesta del TSJC, se decidirá qué se recurre al Supremo.
El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, afirmó que, pese a las reticencias de la oposición, él no tiene ninguna duda de que el ejecutivo será capaz de ejecutar entre 2021 y 2023 los 630 millones de euros que corresponden a las islas de los fondos europeos React EU
Román Rodríguez asegura que Canarias ejecutará los 630 millones de fondos europeos
«Esto está encauzado», garantizó Rodríguez al Parlamento en una comparecencia en comisión en la que la representante de CC-PNC Rosa Dávila dudó de esa capacidad del Gobierno canario.
Dávila mostró su temor a que antes de que estén ejecutadas las ayudas, la UE ya obligará a España a aplicar las reformas fiscales y los ajustes a los que condiciona esos fondos y que llevarán a subidas de impuestos y pérdida de competitividad turística en Canarias.
El vicepresidente detalló el destino de esos fondos europeos, de los cuales el 57% serán para reforzar los servicios públicos y el 42% a sostener los sectores económicos y de los que la mitad se ejecutarán en 2021 y la otra mitad en 2022 y 2023.
A sanidad se destinarán 170 millones de euros, a educación 130 , a turismo 75, a promoción económica de pymes y autónomos 66, a políticas sociales 62, al Servicio Canario de Empleo 20, a la Agencia Canaria de Investigación 20, a seguridad y emergencia 20, a patrimonio 20, a asistencia técnica 17, a administración electrónica 10, a eficiencia energética 3,7 y a universidades 1,5 millones.
Esta es la programación acordada entre el Gobierno canario y el central de los fondos React EU, que se distribuyen a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y del Fondo Social Europeo (FSE), pero aún está pendiente la aprobación definitiva por parte de la Comisión Europea y del Consejo Europeo de los respectivos planes de recuperación de los países miembros, aclaró Román Rodríguez.
Ayudas directas a pymes y autónomos
El vicepresidente indicó que el Gobierno de Canarias puede afectar gastos con cargo al React EU desde febrero de 2021 al 31 de diciembre de 2023 y de esa manera ya ha dispuesto ayudas directas a pymes y autónomos por 84 millones de euros que pretende endosar a esa financiación europea.
Román Rodríguez destacó que los 630 millones de euros para Canarias son el 6,3 por ciento del total de fondos que corresponden a España, dos puntos más que su porcentaje de población, lo cual ha sido posible porque se ha tenido en cuenta el mayor daño sufrido por la economía de las islas durante la pandemia y su condición de región ultraperiférica.
Para garantizar la gestión del React EU y de los fondos del mecanismo de recuperación, aún no distribuidos, el vicepresidente subrayó que el Gobierno de Canarias «ha llevado al límite» de lo permitido por la legislación la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos.
Destacó que además de estos fondos europeos, el Estado ha asignado a Canarias 1.144 millones de euros en ayudas directas a empresas y pymes, lo que significa que Canarias cuenta para este cometido «más que nadie y más que nunca», enfatizó.
La diputada de CC-PNC Rosa Dávila mostró su preocupación por la capacidad del Gobierno de Canarias para ejecutar 630 millones de fondos europeos en tres años o los 1.144 millones de ayudas estatales a los sectores económicos, a la vista de que de los 84 millones de ayudas directas a pymes y autónomos solo ha adjudicado 11 millones desde febrero.
«Mucho nos tememos a que esas ayudas se han diseñado de manera que obligan a las empresas a una carrera de obstáculos en la que es imposible llegar», lamentó Dávila.
El retraso en la habilitación y gestión de los fondos europeos sin una simplificación de mecanismos administrativos y sin una estrategia clara puede llevar a que lleguen antes las subidas de impuestos y los ajustes a que obligará la UE como condicionalidad a esta financiación, dijo Dávila.
También lamentó que en el plan de recuperación presentado por España a la consideración de las instituciones comunitarias no se menciona a Canarias como región ultraperiférica ni se prevén políticas diferenciales para las islas.
Otra de las críticas de la representante nacionalista es la falta de peso que se ha asignado al sector turístico en el mecanismo de recuperación.
El diputado del PP Fernando Enseñat denunció «la dejadez, el pasotimos y la insensibilidad» que su juicio tiene el Gobierno de Canarias con los malos momentos que atraviesan las empresas y los ciudadanos, de manera que dentro de los 84 millones de ayudas directas a pymes y autónomos solo se han adjudicado 17.000 de las 40.000 peticiones.
Según Enseñat, eso se debe a que para acceder a esas ayudas, se exige que las pymes y autónomos no pueden tener deudas ni con la agencia tributaria ni con la seguridad social, por lo que pidió a Román Rodríguez que elimine esas restricciones.
El vicepresidente acusó al diputado del PP de demagogo, puesto que sabe que el requisito de no tener deudas con Hacienda y la Seguridad Social para acceder a subvenciones es una norma estatal que se basa a su vez en la normativa europea así que instó a su partido a que si quiere cambiarlo lo haga en las Cortes.
Rodríguez indicó que lo que ha hecho el Gobierno de Canarias es «simplificar al máximo» las cosas a las empresas, al permitirles acceder a las subvenciones con una declaración responsable de que carecen de esas deudas, algo que la propia administración comprueba con posterioridad, de manera que no tienen que presentar ningún papel para justificarlo.
Consideran que se encuentran en una «inaceptable» situación de «precariedad» al existir sólo un profesional por cada 25.000 habitantes, el doble que la media nacional
Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Foto Web RTVC.
Representantes del colectivo de inspectores de salud pública en Canarias han anunciado este lunes que acudirán a la huelga a partir del próximo 31 de mayo. Lo hacen ante la “inaceptable” situación de “precariedad” en la que se encuentran los servicios de inspección sanitaria del archipiélago.
En rueda de prensa, Jafet Nonato, miembro del Comité de Huelga, ha recordado que en Canarias la media es de 1 inspector por cada 25.000 habitantes. La media en el resto del territorio español se sitúa en 1 inspector por cada 12.000 habitantes.
De esta manera, las islas ostentan el “lamentable honor” de ser la Comunidad Autónoma más precaria del país, ha remarcado Nonato.
Mismo número desde 2007
El colectivo denuncia que las cargas de trabajo son, en muchas zonas, “inasumibles”, que las bajas, en muchas ocasiones, no se cubren y que las islas cuentan con el mismo número inspectores (125) desde 2007.
“Hay municipios que han estado un año sin ningún tipo de inspector”, asevera Nonato.
A todo ello se suman las características territoriales singulares de las islas, en especial las de las islas menores, así como las actuaciones urgentes (alertas, vertidos, denuncias y toxiinfecciones), que se llevan a cabo en detrimento de las anteriores.
Jafet Nonato ha recordado que los inspectores de sanidad desempeñan funciones vitales en el ámbito de la Salud Pública, mediante la prevención de las enfermedades que se transmiten por el agua y los alimentos. También, la protección de la salud con la adopción de medidas de policía sanitaria y el cese de actividades o la inmovilización de alimentos peligrosos.
Desde el año pasado, además, los inspectores se encargan de las labores de verificación del cumplimiento de las medidas de prevención frente a la Covid-19 en todo tipo de establecimientos.
El colectivo denuncia que llevan más de 10 años reclamando mejoras en el servicio de inspección sanitaria, solicitando medios personales y materiales para poder cumplir los requisitos mínimos impuestos por la normativa europea, “que cada día son mayores”.
Decepcionado
“La Unión Europea ha ido evolucionando e incrementando las exigencias y en Canarias seguimos siendo los mismos y con lo mismo”, lamenta Nonato, quien asegura sentirse “engañado y estafado” por la Administración.
En lo que respecta a los medios materiales, el colectivo denuncia que carecen de oficinas suficientes y adecuadas, y que, a día de hoy, un inspector “sale a la calle a realizar su labor” con un termómetro, un medidor de cloro y un bolígrafo, pues “en pleno siglo XXI” las actas de inspección siguen cumplimentándose a mano, mientras la inspección electrónica prevista desde hace años continúa sin implantarse.
La embarcación fue avistada, tras un eco sospechoso, a unas dos millas de la Marina de San Miguel
Salvamar de Salvamento Marítimo. Foto Europa Press.
Un cayuco con unas 30 personas a bordo fue interceptado hoy lunes al sur de la isla de Tenerife, según fuentes de Salvamento Marítimo.
Sobre las 12.00 horas, el Centro de Control de Salvamento Marítimo recibió un aviso de la Guardia Civil informando de un eco sospechoso a unas 2 millas de la Marina de San Miguel.
Helicóptero en ruta
El Centro de Control movilizó al Helimer 211, que confirmó la presencia de un cayuco navegando hacia la isla. También se ha movilizado a la Salvamar ‘Menkalinan’.
La Salvamar se encuentra en estos momentos navegando hacia la zona en la que se localiza el cayuco. El objetivo, proceder al rescate de sus ocupantes y llevarlos al puerto de Los Cristianos.
El PP critica el «estado de confusión» generado por Sánchez y C’s advierte de la existencia de un «lío jurídico»
Un momento de la reunión celebrada este lunes con los portavoces regionales. Fotograma Televisión Canaria.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este lunes que el informe de Salud Pública en el que se ha basado el Ejecutivo para mantener el toque de queda es «contundente». El máximo mandatario también ha argumentado que el mismo sirve para el resto de medidas para combatir la pandemia de coronavirus. Por todo ello, van a defenderlas «hasta el final».
En declaraciones a los periodistas, tras la reunión que ha mantenido con los portavoces de los grupos parlamentarios regionales, Torres ha insistido en que el Gobierno solicitará una aclaración este lunes sobre el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al no haber sido firme su pronunciamiento.
Torres ha dicho que espera que este mismo lunes el TSJC efectúe esta aclaración.
Entrega a los portavoces
El presidente ha indicado que ha entregado el informe de Salud Pública a los portavoces, documento sobre el que ha abundado en su contundencia y rotundidad en cuanto a que son «indispensables» las medidas que el Gobierno ha solicitado.
El informe aconseja mantener las medidas que «tan buenos resultados han dado en Canarias» y el Gobierno en su decisión política debe responder a lo que pide Salud Pública, ha insistido Torres.
Así mismo, ha indicado que ha analizado el auto del TSJC con los portavoces de todos lo grupos que han asistido a la reunión, de forma presencial y telemática.
No renueva el toque de queda
Ha reiterado en que si el TSJC en su aclaración entiende que el auto hecho público ayer no revoca el toque de queda, el Gobierno esperará a que el Tribunal Supremo se pronuncie, pero, si quedara sin efecto, los servicios jurídicos estudiarán si se recurre primero al TSJC y después al alto Tribunal.
El presidente del Gobierno canario, en cualquier caso, ha pedido responsabilidad a la sociedad canaria.
«Estamos en una especie de carrera de fondo que se inició el 14 de marzo de 2020 y empieza a verse la meta» y, aunque la «sociedad está cansada y han sido muchos meses de sufrimiento», ha reclamado no «echar por la borda» estos esfuerzos para lograr la recuperación sanitaria y económica en Canarias.
Torres, no obstante, ha dicho que se acatará la decisión de los tribunales y se recurrirán a otros órdenes, y si no habrá que esperar a que se pronuncie el TS.
Se ha referido a las «imágenes preocupantes» que se han visto tras finalizar el toque de queda en algunas comunidades autónomas, si bien ha señalado que en Canarias se ha sido responsable «porque se está sufriendo muchísimo».
Todos queremos que se recupere la economía, pero para eso es preciso primero que la situación sanitaria mejore, ha señalado Torres, que también ha indicado que por ello en las islas aún no se permitirá la apertura del ocio nocturno.
La visión de Navarro
La portavoz de PP, Australia Navarro, ha criticado el «estado de confusión» que ha provocado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez al levantar el estado de alarma, y le ha reprochado que se mantenga «escondido en La Moncloa», mientras que las comunidades autónomas tiene que resolver el problema que ha generado con esta situación.
Navarro ha considerado que la situación que se ha generado en las comunidades autónomas es un «caos». Al tiempo, ha apuntado que su partido, el PP, ya advirtió de que los derechos fundamentales no pueden «estar en manos» de las comunidades autónomas. El TSJC, con su auto, ha avalado esta posición.
Además de pedir al Gobierno canario que se aclare en cuanto a si recurrirá el auto del TSJC ante este mismo tribunal o ante el Supremo, la portavoz parlamentaria ha considerado que no se dan las circunstancias en las islas para pedir que se aplique en Canarias el estado de alarma.
En cualquier caso, ha sido rotunda en cuanto a que no se pueden incumplir las normas que se impongan para combatir la pandemia y a que las comunidades autónomas tienen competencias para limitar aforos.
Al igual que Torres, ha criticado las imágenes de la gente que se echó a la calle este fin de semana, porque el virus «no se ha ido».
C’s ve «lío jurídico»
La portavoz de Cs, Vidina Espino, ha expresado su preocupación «por el lío jurídico de toda España» y ha responsabilizado de esta situación a Pedro Sánchez. Lo hace por no haber desarrollado, desde que se amplió el último estado de alarma, una ley para tomar las medidas necesarias ante la pandemia y, en cambio, haber legislado sobre otras cuestiones.
Ha defendido, como Torres, que son necesarias las medidas propuestas al TSJC y sobre el auto, ha manifestado que no ha sido dictado por unanimidad. En cualquier caso, ha señalado que estas cuestiones sanitarias corresponden a los políticos y no a los jueces, que hacen lo que pueden pero carecen de asesores sanitarios.
El portavoz de NC, Luis Campos, ha calificado de positiva la reunión y ha expresado su apoyo total e incondicional al Gobierno canario sobre las medidas sanitarias que quiere que se mantengan en las islas por entender que son «absolutamente necesarias». Por último, ha señalado que «Canarias lo ha hecho mejor que nadie», en relación a cómo ha hecho frente a la pandemia.
El comercio es uno de los grandes perjudicados por la ausencia de turistas y por el descenso de la demanda local
La presidenta de la comisión de Comercio de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Victoria González, ha dicho que es preciso mantener todas las medidas que eviten el cierre de empresas y la pérdida de empleo, y el director general de Cajasiete, Manuel del Castillo, que las autoridades ofrezcan claridad en sus propuestas.
En rueda de prensa para hablar del comportamiento del sector comercial de Canarias durante el primer trimestre del año, Victoria González ha manifestado en rueda de prensa que es necesario que se mantengan las ayudas directas a las pyme y los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
Manuel del Castillo ha explicado que para que haya más certidumbre lo principal es acelerar el proceso de vacunación y que en la sociedad no se hagan «burradas», para así evitar una nueva ola de contagios, que podría superar las anteriores.
Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) deben terminarse de manera progresiva, de forma que se mantengan hasta que haya recuperación, ha declarado Victoria González, quien ha comentado que la recuperación del turismo será también progresivo.
Además, ha pedido que se trabaje en medidas de recuperación y agilizar los trámites para la devolución del IGIC a los no residentes en las islas, para impulsar el turismo de compras, y ha comentado que se estudia pedir medidas específicas.
Medidas específicas
Entre esas medidas específicas figuran bonificaciones a quienes mantengan el empleo, así como reducciones en el IGIG para incentivar el consumo, y ayudas municipales en relación a impuestos como el de la basura y el de bienes inmuebles.
Victoria González ha solicitado, asimismo, trabajar en la igualdad fiscal del comercio tradicional y el electrónico, para conseguir que ambos sean competitivos y no que uno anule al otro.
El director general de Cajasiete, Manuel del Castillo, ha dicho que el comercio electrónico sigue creciendo, y ha recordado que la economía está «anestesiada» por los ICO y los ERTE, medidas que ha pedido que se mantengan hasta que llegue el turismo, y ha hecho hincapié en la necesidad de que se acelere en todo lo posible la vacunación, y que la sociedad cumpla con las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Ha reiterado que la economía está «totalmente distorsionada» y ha explicado que las entidades financieras están «inundadas» de liquidez, en un momento en el que las familias han incrementado sus ahorros y disminuido el endeudamiento, lo cual ha reconocido que no es malo.
Pero el caso es diferente en las empresas, ya que ha habido un «sobreendeudamiento» para mantener sus costes fijos cuando la actividad está casi en cero, y ha recordado que además el Banco Central Europeo (BCE) mete mucha liquidez en el sistema financiero y las entidades no son capaces de meter ese dinero en la economía.
Situación de incertidumbre
Por ello, en la actual situación hay dinero para iniciar proyectos pero la incertidumbre es «tal» que la iniciativa está ralentizada hasta saber por donde «escampa», ha declarado el director general de Cajasiete.
Ante esta situación, Manuel del Castillo ha pedido a las autoridades claridad cuando anticipen medidas, algo que reconoce que es difícil, pero ha subrayado que cuando más claro estén los criterios los empresarios podrán asumir más riesgos.
La directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez, ha destacado que el comercio es uno de los grandes perjudicados por la ausencia de turistas y por el descenso de la demanda local.
Las ventas caen desde hace un año, de forma que en el primer trimestre de 2020 lo hizo en el 15 por ciento, mientras que en el segundo hubo un desplome con caídas superiores al 26 por ciento, y luego descensos menores, para llegar en el primer trimestre de 2021 al 10 por ciento.
En lo que va de este año la caída es del 19 por ciento en los dos primeros meses, y en marzo se produjo una recuperación del 12 por ciento, pero se trata de una subida estadística, ya que se compara con marzo del pasado año, cuando se produjo el desplome.
En términos de empleo la caída al principio apenas se notó, porque el sector mantuvo los puestos de trabajo pero, poco a poco se ha producido un gran deterioro, ha indicado Lola Pérez, quien ha añadido que en ventas minoristas Canarias ha sido la tercera en descenso, tras Ceuta y Melilla.
Ha señalado, asimismo, que en términos de empleo ha sido Canarias la región con mayor caída en el índice de ocupación en el sector del comercio, con casi el 8 por ciento, mientras que la media española es del 3 por ciento.
Y en afiliaciones a la Seguridad Social se ha retrocedido cuatro años, ya que las cifras, unos 145.000, con similares a las que había en 2016.
La mina fue localizada por personal de la Brigada Forestal del Cabildo de Gran Canaria que se encontraban realizando tareas de desbroce y limpieza en las inmediaciones de la carretera de la Cruz de Tejeda
La Guardia Civil destruye una mina anticarro de instrucción en Gran Canaria
El Grupo Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil de Gran Canaria, apoyados por agentes del Puesto Principal de San Mateo, han procedido a realizar una explosión controlada de una mina anticarro deinstrucción que se encontraba enterrada en un descampado ubicado en las inmediaciones de la carretera de la Cruz de Tejeda al Pozo de las Nieves.
Los hechos ocurrieron a las 10:00 horas del pasado día 07 de mayo cuando la Guardia Civil de San Mateo tuvo conocimiento del hallazgo de la mina por parte del personal de la Brigada Forestal del Cabildo de Gran Canaria que se encontraban realizando tareas de desbroce y limpieza.
Agentes de la Guardia Civil acudieron a la zona donde pudieron ver una carcasa de plástico enterrada que fue identificada como una mina anticarro de fogueo siendo un artefacto de uso militar. Se adoptaron las oportunas medidas de seguridad y activación del personal Grupo Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos que realizaron la destrucción controlada in situ.
En caso de localización de algún artefacto de origen militar no explosionado o apariencia de explosivo, la Guardia Civil recomienda seguir estos sencillos consejos para su seguridad:
-No manipular el artefacto e impedir que nadie lo haga.
-Alejarse de la zona donde se encuentre el explosivo.
-Avisar inmediatamente a la Guardia Civil o al Cuerpo de Seguridad competente o más cercano, o en su defecto al 112.
-Señalizar la zona y la ubicación del explosivo, manteniéndose a una distancia prudencial, no perdiéndolo de vista para evitar que se acerquen otras personas.
Además cuando un comercio o empresa, que comercialice con este tipo de material, observe que los citados elementos han caducado, debe ponerse en contacto con la Guardia Civil para proceder a establecer el trámite obligatorio que llevará a la posterior destrucción de aquel.
Sobre cinco de ellas pesaban otras tantas órdenes judiciales de arresto
Vehículo del Cuerpo Nacional de Policía. Foto Web RTVC.
La Policía Nacional ha informado este lunes de que el pasado martes detuvieron a seis personas en Tenerife, tres hombres y dos mujeres. Todos ellos, con antecedentes policiales y sobre los que pesaban órdenes judiciales de detención en vigor, además de a otro hombre durante el curso de las actuaciones.
Cinco de las seis personas, de entre 18 y 57 años, fueron detenidas por tener una orden judicial de detención y presentación en vigor motivada. Principalmente, por su presunta participación en delitos contra las personas y el patrimonio.
Uno de los detenidos, un hombre de 31 años de edad, acumulaba dos órdenes judiciales de detención dictadas por diferentes juzgados tinerfeños.
Además, en el marco de los dispositivos establecidos, los policías nacionales procedieron a la detención de un hombre en el santacrucero barrio de Los Gladiolos.
27 gramos de hachís
En el control de sus efectos personales, los agentes le intervinieron 27 gramos de hachís, divididos en porciones preparadas, aparentemente, para su venta.
Los detenidos, junto a los atestados realizados al efecto, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, y se dio cuenta a los juzgados de los que procedían las órdenes, todos ellos de la isla de Tenerife.
Las actuaciones han sido realizadas por policías nacionales de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife.
La zona en la que se encuentra la escuela es una de las de mayoría chií y hazara de la ciudad, lo que ha llevado a la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC) a reclamar al Gobierno más protección
Las autoridades de Afganistán han elevado este lunes a 85 los muertos por el atentado perpetrado el sábado contra una escuela femenina en la capital de Afganistán, Kabul, que se saldó además con más de 150 heridos, sin que por el momento haya reclamación de la autoría.
Fuentes de la oficina del vicepresidente segundo de Afganistán, Saruar Danish, han facilitado este nuevo balance del ataque contra el centro, situado en el barrio de Dasht-e Barchi, en declaraciones a la cadena de televisión afgana Ariana, sin dar más detalles al respecto.
El Ministerio del Interior afirmó el domingo que el ataque había dejado al menos 63 muertos y más de 150 heridos, si bien varios de ellos se encontraban en estado grave, por lo que no se descartaba que la cifra de víctimas pudiera aumentar.
La zona en la que se encuentra la escuela es una de las de mayoría chií y hazara de la ciudad, lo que ha llevado a la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC) a reclamado al Gobierno una mayor protección a la misma.
Más protección
Así, sostuvo que el Gobierno «tiene una obligación bajo el Derecho Humanitario de proteger a la población en riesgo de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, limpieza étnica o genocidio», antes de recordar que 40 estudiantes murieron en otro atentado similar en octubre de 2020.
«El Gobierno de Afganistán debe anunciar inmediatamente un plan de protección fundamentado en los Derechos Humanos para Dasht-e Barchi y el oeste de Kabul. Esto debe incluir planes para compensaciones colectivas», manifestó la organización.
El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, condenó el atentado y acusó a los talibán, al tiempo que decretó este martes como jornada de luto nacional en recuerdo a las víctimas, tal y como ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo TV.
En este sentido, manifestó que grupos «ignorantes» están detrás de estos ataques e incidió en que «los talibán deben ser conscientes de que no lograrán sus objetivos malignos a través de la guerra y de que si no dejan de lado la guerra serán más odiados por la población y serán suprimidos por las fuerzas afganas».
El portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, condenó el sábado el atentado y dijo que «es la acción de círculos siniestros que operan en nombre de Estado Islámico y bajo las alas y cobertura de los servicios de Inteligencia de la Administración de Kabul».
Sanidad ha logrado la inmunización de 235.879 personas que ya han recibido en Canarias la pauta de vacunación completa, lo que supone el 12,61 por ciento de la población diana
Sanidad administra 730.898 dosis de vacunas contra la COVID-19
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha administrado 730.898 dosis de vacunas contra la COVID-19. Hasta la jornada de ayer se había logrado la inmunización de 235.879 personas que ya han recibido en Canarias la pauta de vacunación completa, lo que supone el 12,61 por ciento de la población diana (1.871.033 personas).
Además, en el Archipiélago ya hay 490.041 personas que han recibido, al menos, una dosis de la vacuna, es decir, el 26,19 por ciento de la población diana.
Desarrollo del calendario vacunal
El calendario vacunal va desarrollándose por los grupos de población diana a los que va dirigido y por vacuna disponible destinada a cada grupo de edad según la Estrategia Nacional de Vacunación contra la COVID-19. En este sentido, los equipos de vacunación de cada zona básica de salud van avanzando con cada grupo poblacional según se va finalizando el anterior, priorizando continuar con la máxima cobertura de cada grupo de edad, sin que se paralice el proceso de vacunación en ninguna isla.
Cobertura por grupos
Tras la inmunización con dos dosis de los grupos 1 y 2 (los correspondientes a los residentes y trabajadores de centros sociosanitarios y a los profesionales sanitarios de primera línea), la vacunación continúa con el resto de grupos establecidos siguiendo el criterio de vulnerabilidad y exposición.
Hay que destacar que el grupo 4, el de los grandes dependientes domiciliarios, está inmunizado el 92,73 por ciento con las dos dosis. En cuanto al grupo 5, ya hay 133.986 personas que han recibido las dos dosis, es decir, el 47,02 por ciento. Mientras que 246.819 han recibido al menos una dosis, el 86,61 por ciento.
El grupo 3 ya está al cien por cien con una dosis y al 30,43 por ciento con dos dosis; y grupo 6, al 34,34 por ciento con una dosis. Del grupo 7, en el que se incluye la población menor de 60 años con riesgo de padecer COVID-19 grave, hay 10.519 personas ya que han sido vacunadas con una dosis, el 59,31 por ciento de la población diana.
Vacunación docentes y policías locales
Ante el avance de la vacunación de los colectivos vulnerables y la llegada suficiente de dosis, la Consejería de Sanidad ha retomado las agendas de los grupos 3 (otro personal sanitario y sociosanitario no incluido en el grupo 2) y 6 (personal esencial en el que se incluyen, entre otros colectivos, a docentes y policías locales) y este fin de semana reanudó la vacunación del colectivo de docentes, bomberos y policías locales. La citación será como se venía realizando hasta ahora, en colaboración con la Consejería de Educación, Fecam y colegios profesionales.
Grupos de vacunación
En la última revisión de la Estrategia Nacional de Vacunación se establecen los siguientes grupos de vacunación y priorización:
Etapa I:
-Grupo 1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes.
-Grupo 2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario (diferentes al grupo 1).
-Grupo 3. Otro personal sanitario y socio-sanitario (no incluidas en grupo 2).
-Grupo 4. Personas consideradas como grandes dependientes (grado III) y cuidadores principales.
Etapa II:
-Grupo 5. Personas vulnerables por su edad, no residentes de centros de mayores
-Grupo 6. Colectivos en activo con una función esencial para la sociedad
-Grupo 7. Personas con condiciones de muy alto riesgo. Trasplante de progenitores hematopoyéticos, transplante de órgano sólido y lista de espera para ello, personas en hemodiálisis y diálisis peritoneal, enfermedades oncohematológico, cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia citotóxica, metastásico o con radioterapia por tumores de localización torácica con riesgo de neumonitis, inmunodeficiencias primarias, infección con el VIH con menos de 200 cél/ml a pesar de TAR eficaz y carga viral indetectable y síndrome de Down con 40 y más años de edad.
-Grupo 8. Personas entre 60 y 65 años de edad (nacidas entre 1956 y 1961, ambos inclusive).
-Grupo 9. Personas entre 51 y 59 años de edad (nacidas entre 1962 y 1970, ambos inclusive).
