Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2020, tras recibirse varios escritos-denuncias
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, destaparon en A Coruña un fraude a la Seguridad Social cercano a los 3.000.000 de euros en sectores tan diversos como la hostelería, la construcción o promoción inmobiliaria, entre otros. En concreto, el fraude total se cuantificó en 2.949.309,64 euros.
Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2020, tras recibirse varios escritos-denuncias de la Tesorería General de la Seguridad Social en los que se requería la actuación policial ante las diversas actuaciones irregulares.
Estas empresas se encontraban ubicadas en los partidos judiciales de A Coruña, Betanzos, Santiago de Compostela y Cambados.
En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, se comprobó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, creando grupos y sucesiones empresariales que ocultaban los beneficios y bienes de las sociedades investigadas.
Los agentes pudieron determinar la participación delictiva de 15 personas, siendo principalmente los administradores de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, trabajadores que figuraban en connivencia. Así como familiares de los primeros, siéndoles imputados los delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración de la ejecución, estafa procesal y contra el derecho de los trabajadores.
La primera empresa constituida en el año 2006 generó beneficios, pero no como para hacer frente a las deudas contraídas.
Estas empresas no regularizaron su situación deudora con la Tesorería General de la Seguridad Social, no realizaron ningún trámite de disolución ni promovieron concurso de acreedores, por lo que continuaron generando deuda a pesar de que tenían un elevado volumen de movimiento de capital en sus cuentas bancarias.
Entramado empresarial
El entramado empresarial generó beneficios, llegando alguna de esas mercantiles a obtener ingresos anuales cercanos al millón de euros. Sin embargo, no se procedió al pago de cuotas a la Seguridad Social. Del mismo modo, tampoco se solicitó su aplazamiento, ni se realizó ningún trámite para reducirlas. Sin embargo, se obstaculizó la labor de este organismo.
Este matrimonio, a pesar de no abonar las deudas generadas por las mercantiles, mantuvo un alto nivel de vida, utilizando vehículos de alta gama y realizando la compra de dos embarcaciones de recreo, una en el año 2014 y otra en 2020. Las distintas maniobras para eludir los pagos obligados originaron un perjuicio económico a la Tesorería General de la Seguridad Social de 300.012 euros.
