La empresa pública adelanta un mes la concesión de las llaves ante la falta de alojamiento de los siete miembros
VISOCAN ha entregado un nuevo hogar a una familia de siete personas en situación de extrema vulnerabilidad. La empresa pública decidió adelantar el trámite un mes para evitar que los afectados quedaran en la calle hoy mismo. Esta medida responde a la presión social y a la mediación de los colectivos por el derecho a la vivienda.
El papel de la presión social
Javier Marrero, portavoz de ‘Derecho al Techo’, destaca la importancia de la movilización. El colectivo realizó acciones de protesta durante la jornada de ayer. Estas medidas de presión agilizaron el contacto directo con la empresa pública.
Marrero también agradece la solidaridad mostrada por todos los vecinos del barrio. Los residentes se movilizaron activamente para apoyar a esta familia en apuros. La unión vecinal resultó clave para conseguir una solución habitacional digna.
El portavoz afirma que la presión social hizo realidad la entrega de llaves. La suma de esfuerzos ciudadanos evitó que siete personas terminaran en la calle. El caso finaliza con éxito gracias a la rápida respuesta institucional.
La Policía Judicial ha desahuciado este miércoles a una familia vulnerable con cinco hijos en Las Palmas de Gran Canaria. El juzgado denegó la prórroga solicitada a pesar de que los afectados recibirán una casa protegida próximamente. Los servicios sociales buscan ahora una alternativa habitacional urgente para evitar que los menores duerman en la calle.
El operativo policial accedió a la vivienda a primera hora de la mañana para ejecutar el lanzamiento de forma inmediata. Los agentes cumplieron la orden judicial mientras los residentes sacaban sus pertenencias fundamentales en varias bolsas y cajas.
Un lanzamiento sin esperas
La familia habitó este inmueble durante cinco años, aunque solo pudieron abonar las tres primeras cuotas del alquiler. Por esta razón, el proceso judicial avanzó hasta llegar a la orden de desalojo definitiva ejecutada hoy mismo.
En consecuencia, los residentes abandonaron el domicilio entre escenas de gran tensión y una evidente desesperación. La madre mantenía la esperanza de frenar el proceso hasta el último minuto antes de la entrada policial.
La burocracia agrava la crisis
María, la madre afectada, explicó que ya cuenta con una vivienda social adjudicada por la empresa pública Visocan. Sin embargo, los trámites administrativos impiden que la familia reciba las llaves de su nuevo hogar hasta el próximo mes.
Por este motivo, solicitaron formalmente un aplazamiento de apenas unas semanas para evitar quedar en una situación de desamparo. No obstante, la autoridad judicial rechazó la petición y ordenó seguir adelante con el alzamiento previsto.
Asimismo, María lamentó que su esfuerzo diario por trabajar y luchar no haya evitado este dramático desenlace. La mujer criticó que los tiempos de la administración no coincidan con las necesidades humanas más básicas.
Incertidumbre y apoyo social
Jonathan Mesa, portavoz de la plataforma ‘Derecho al Techo’, describió el estado de la familia como totalmente destrozado. El colectivo ayudó a los afectados a retirar los enseres personales que no pudieron quedarse dentro del piso.
Por otra parte, los activistas esperan ahora la llegada de los servicios sociales para determinar qué apoyos recibirán. La prioridad absoluta del grupo es proteger a los cuatro menores de edad que forman parte del núcleo familiar.
