En el ‘caso cuarteles’ se investiga las presuntas irregularidades cometidas en las adjudicaciones de obras de al menos 13 comandancias de la Guardia Civil
La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido a la juez del denominado ‘caso cuarteles‘ que investigue a otro teniente coronel de la Guardia Civil. Por las presuntas irregularidades cometidas en las adjudicaciones de obras de al menos 13 comandancias de la Benemérita. También ha reclamado que cite como testigos a dos generales, siete coroneles, un teniente coronel, dos sargentos, un cabo mayor y un guardia civil.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal del caso ha explicado que quiere interrogar al teniente coronel Antonio García Lloret por haber sido el comandante y responsable de la Jefatura de Personal y Apoyo de la comandancia de Alicante que en 2016 «certificó» que las prestaciones de una de las empresas investigadas habían sido «realizadas y recibidas de conformidad».
Según el Ministerio Fiscal, García Lloret dio su visto bueno a dos facturas. Una de 58.062,33 euros «a sabiendas de que tan solo se habían ejecutado obras por importe aproximado de 21.000 euros». Y otra de 39.576,20 euros. «A sabiendas» de que dichas obras «no habían sido ejecutadas en algunos cuarteles y en otros lo habían sido por importe total de 10.523,23 euros».
Para la Fiscalía, «los hechos narrados son constitutivos de un delito continuado de malversación de caudales públicos» en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial. Así como de un delito de cohecho «y subsidiariamente de un delito de tráfico de influencias». Por ello, ha pedido que se le cite como investigado.
Reclama varios informes
En su escrito, presentado el pasado 20 de septiembre, la Fiscalía ha solicitado una batería de diligencias de investigación. Entre las que también pide que se libre oficio a Asuntos Internos de la Guardia Civil. Para que identifique a jefes de unidad y de servicios de varios acuartelamientos para luego poder tomarles declaración. Asimismo, ha avisado de que quiere interrogar al teniente coronel interventor jefe de la Unidad de Gestión Económica de Canarias en la fecha de los hechos.
El Ministerio Público ha reclamado dichas diligencias para esclarecer las obras adjudicadas entre 2008 y 2019 por 3,3 millones de euros a las empresas administradas por el empresario Ángel Ramón Tejera de León, alias ‘Mon’, que figura como investigado en la causa.
Según apuntó Asuntos Internos en diferentes informes aportados al procedimiento, dichos pagos se abonaron pese a constar que algunas de las obras adjudicadas no fueron ejecutadas o fueron realizadas parcialmente, «lo que pudiera ser constitutivo de los delitos de falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y malversación».
En el marco de su escrito, la fiscal ha reclamado que se solicite informe sobre los procedimientos y criterios seguidos en la descentralización de crédito por parte de la Subdirección General de Apoyo a favor de las zonas y comandancias, así como sobre quien ha determinado la cuantía del crédito a asignar y el destino del mismo. También quiere que se libre oficio a la Agencia Tributaria para que remita informes sobre el empresario Tejera de León y sobre la pareja de otro de los investigados.
Investigación
Estas peticiones están pendientes del visto bueno de la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid. Según fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias, acordó recientemente que se citara como investigado a Tejera para el próximo 15 de noviembre.
De aprobarse, las diligencias que reclama la Fiscalía se sumarían a las ordenadas por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Ávila. Que estuvo a cargo de las pesquisas desde 2019 y hasta 2021, cuando se inhibió a los juzgados madrileños.
Hasta ahora, en Plaza de Castilla se ha tomado declaración como investigado –y a petición propia– al otro teniente coronel investigado en la causa, Carlos Alonso Rodríguez. Negó en sede judicial haber participado en las presuntas irregularidades que se investiga. Señaló a un subalterno como responsable de supervisar los trabajos que están bajo sospecha.
La versión que defendió el teniente coronel ante el juzgado contrasta con la de Asuntos Internos, que en uno de los atestados aportados a la causa asegura que Alonso Rodríguez pidió, autorizó y ordenó pagar varias obras antes de que estas se realizaran.
