Cinco personas están siendo investigadas por el robo y la comercialización ilegal de pescado. El perjuicio económico para la empresa afectada asciende a más de 172.000 euros
La Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operación Seabass, un grupo dedicado al robo sistemático de lubinas en una piscifactoría situada en Castillo del Romeral, en San Bartolomé de Tirajana. La investigación también permitió detectar pescado con ciguatoxinas en un establecimiento de Mogán, lo que motivó diligencias por un presunto delito contra la salud pública.
Los robos se producían desde mayo. Según la investigación, tres personas utilizaban dos embarcaciones semirrígidas para acercarse a las jaulas marinas y capturar las lubinas con fusiles de pesca submarina, tras perforar las redes. Después, transportaban el pescado por carretera y lo distribuían clandestinamente en restaurantes del sur de Gran Canaria.
Durante las inspecciones realizadas, la Guardia Civil, el Servicio de Inspección Pesquera y las autoridades sanitarias retiraron del mercado 40,2 kilos de lubinas de procedencia ilícita, que carecían de etiquetado, factura y controles de trazabilidad.
Detectan ciguatoxinas en pescado de un restaurante
En uno de los establecimientos inspeccionados en Mogán, los agentes encontraron también ejemplares de pejerrey sin justificar su procedencia. Las muestras enviadas al Instituto Universitario de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dieron positivo en ciguatoxinas, una neurotoxina que no desaparece con la cocción ni con la congelación y que supone un grave riesgo para la salud.
Por estos hechos, la persona responsable del local suma a la investigación un presunto delito contra la salud pública. Además, otras dos personas al frente de restaurantes de Puerto Rico y Playa de Mogán están siendo investigadas por receptación, al adquirir presuntamente pescado robado para su comercialización.
La operación culminó a mediados de octubre con cinco personas investigadas, no detenidas: tres por el robo en la piscifactoría y dos por la compra de la mercancía ilícita. La Guardia Civil también ha trasladado a la autoridad judicial información sobre un tercer establecimiento de San Agustín ante sospechas de descargas de pescado sin documentación.
El perjuicio económico acreditado para la empresa afectada, por los daños y el producto sustraído, asciende a 172.188,69 euros. La Guardia Civil y el Gobierno de Canarias recuerdan la importancia de adquirir pescado por canales legales y comprobar su etiquetado y trazabilidad para evitar riesgos sanitarios
