La creciente demanda de profesionales de lengua de signos contrasta con la escasa oferta en todas las islas
La Fundación Canaria para las Personas con Sordera y sus Familias (Funcasor) ha alertado este martes de que en Canarias hay un problema para cubrir la demanda de intérpretes de lengua de signos.
Funcasor ha señalado que hay una creciente demanda de profesionales, llegando incluso a quedarse puestos de intérprete de lengua de signos española sin cubrir vacantes.
Muchas profesionales con esta titulación han decidido enfocar su vida laboral hacia otros ámbitos. Una circunstancia debido a las frágiles condiciones laborales que han sufrido a lo largo de los años. Condiciones como la temporalidad y la inestabilidad de los contratos. También las formas de pago y retrasos en los mismos, bajas laborales, tarifas dispares y jornadas reducidas, ha agregado.
Asimismo, ha indicado que la escasez de nuevas promociones de intérpretes y una mayor sensibilización de la sociedad en general en relación a la atención a las personas usuarias de la lengua de signos hace que actualmente queden sin cubrir incluso puestos de jornada completa con un salario digno estipulado según convenio.
En las islas menos pobladas el problema es mayor
En el caso de las islas menos pobladas esta realidad se hace más preocupante. Funcasor lamenta que esta situación afecta a las personas con sordera residentes en Canarias. Unas personas que utilizan la figura profesional de la intérprete de lengua de signos española para acceder a la formación y a la información. Y hacerlo en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad.
Especialmente, continúa, en un mundo “pandémico” donde a día de hoy sufren una doble barrera de comunicación agravada por el uso de las mascarillas.
Por ello, desde Funcasor han expresado que es vital para las personas con sordera usuarias de la lengua de signos que las universidades abran su formación de grado a estas profesionales.
Esta escasez de intérpretes de lengua de signos española, según la fundación, terminará haciendo inviable que administraciones públicas canarias, centros educativos o empresas en las que hay integradas personas con sordera, puedan cumplir la Ley 27/2007, de 23 de octubre. Una ley en la que se reconoce el derecho al uso de las lenguas de signos españolas.
