La conferencia sectorial de Juventud e Infancia ha centrado el debate en el crédito de 25 millones de euros para atender a los menores migrantes que se encuentran en Ceuta
Todas las comunidades, salvo Castilla y León, Aragón y Extremadura, donde Vox tiene las competencias de Infancia, han votado a favor de la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para atender a los menores migrantes que se encuentran en la ciudad autónoma tras la crisis migratoria de finales de julio.
La conferencia sectorial de Juventud e Infancia celebrada este jueves se ha saldado con la aprobación por parte de las comunidades de este crédito, al que el Consejo de Ministros dio luz verde esta semana, según informan fuentes del Ministerio que dirige Sira Rego.
Finalmente, en esta ocasión tampoco se ha abordado la atención de menores migrantes no acompañados en Ceuta o posibles criterios para su reparto en aquellos casos en los que no sea posible la reagrupación familiar.
Según ha explicado a los medios la consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, quien ya anunció que se opondría a este debate, el Ministerio ha retirado este punto informativo de la reunión.
No obstante, desde el Ministerio de Juventud e Infancia se ha trasladado a las comunidades una serie de propuestas en torno a la atención de los menores, según las fuentes consultadas.
Sectorial centrada en la aprobación del crédito de 25 millones
De esta forma, la conferencia sectorial ha estado centrada en la aprobación de ese crédito de 25 millones para Ceuta para sufragar gastos de alojamiento, traslado, alimentación, vestuario, apoyo jurídico, atención médica, acompañamiento socioeducativo, o servicios de traducción de los niños y niñas que están solos en la ciudad autónoma.
Como ya se sabía, la reunión ha contado con la silla vacía de las consejerías del ramo de Aragón, Castilla y León y Extremadura, dirigidas por Vox, que ya anunciaron su ausencia y pidieron que conste en acta su voto negativo a la cantidad transferida y también a cualquier pretensión de reparto de menores procedentes de Ceuta.
Los menores permanecen en Ceuta a la espera de que se articulen soluciones, ya sea mediante la repatriación o a través de su derivación a otras comunidades ante la saturación de la capacidad de la ciudad autónoma.
Además, el Gobierno ha propuesto que 500 niñas que permanecen en la ciudad autónoma sigan tuteladas en Ceuta, pero que pasen a estar bajo guarda de entidades sociales de otros lugares de la península, sin que participen recursos de comunidades autónomas, según fuentes ministeriales, que indican que es el gobierno ceutí quien tiene que firmar los convenios con las organizaciones.
Los consejeros de Cataluña, Canarias, Navarra y la Comunidad de Madrid han asistido presencialmente, mientras que el resto lo han hecho de manera telemática.
Agilizar la atención el triaje de los menores
La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha pedido al Gobierno de España que incremente la financiación destinada a Ceuta para atender a los menores, al considerar que los 25 millones de euros previstos «no darán sino para dos o tres meses» de atención, según la experiencia acumulada por Canarias durante la crisis migratoria.
Asimismo, la consejera ha reclamado al Estado que utilice las herramientas jurídicas del Pacto Europeo de Migración y Asilo para agilizar la atención y el triaje de los menores migrantes que permanecen en Ceuta.
Durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, Delgado expresó su solidaridad con la ciudad autónoma y recordó que Canarias se sintió “sola” cuando afrontó una situación similar. En este sentido, señaló que las reformas legislativas impulsadas entonces pueden ayudar ahora a Ceuta.
La consejera destacó especialmente el artículo 8 del Pacto, vigente desde el 12 de junio, que permite realizar el triaje de los menores en el Estado fronterizo o en otro lugar determinado por el Estado. Así, los menores podrían ser trasladados a centros estatales en España para evaluar sus circunstancias.
El procedimiento permitirá determinar si necesitan protección internacional, si procede la reagrupación familiar o su traslado a otras comunidades autónomas. También contempla posibles retornos a Marruecos, a petición de este país, y el traslado de menores a otros Estados miembros de la Unión Europea.
Delgado insistió en que el Estado dispone de estas herramientas y pidió que haga uso de todas las posibilidades previstas por la normativa europea.
