Las autonomías, entre ellas Canarias, y el Gobierno logran acuerdos sobre normas en las que existían discrepancias competenciales
El Ministerio de Política Territorial alcanzó el paso de mes de julio cuatro nuevos acuerdos con comunidades autónomas respecto a normas sobre las que existían discrepancias competenciales. Eso eleva a 19 los conflictos resueltos sin llegar al Tribunal Constitucional en lo que va de año.
Los últimos acuerdos, con Canarias, Cataluña, Galicia y la Región de Murcia, elevan además a 117 los logrados desde el inicio de la legislatura, según ha informado el Ministerio.
De esos 117, 109 son acuerdos finales totales y ocho acuerdos finales parciales. Todos ellos fruto de procesos de negociación impulsados por Política Territorial en las comisiones bilaterales de cooperación, según apuna el Gobierno.
Conflictos de Cataluña y Galicia
Dos de los acuerdos de julio resuelven conflictos promovidos por Cataluña y Galicia. Respecto a un mismo Real Decreto-ley de transposición de directivas de la UE en el que consideraban que no estaban suficientemente garantizadas sus competencias.
Esta norma se refiere a bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público. También ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión. Se añaden exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.
Acuerdo con Canarias
Los otros dos acuerdos resuelven conflictos planteados por el Estado respecto a la Ley de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias. También a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022.
Respecto a la ley canaria se han acordado varias precisiones en el texto. En el caso de Murcia se ha pactado derogar los puntos que modificaban la Ley de establecimiento y fijación del recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas.
