Las actividades se desarrollaban en zonas sometidas a restricciones temporales para proteger la reproducción de aves y podrían acarrear sanciones de hasta 300.000 euros
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Las Palmas ha identificado a los conductores y responsables de varias empresas dedicadas a la organización y promoción de rutas de enduro en motocicleta por zonas no autorizadas de Fuerteventura. Las actividades se realizaban en espacios sometidos a restricciones y cierres preventivos temporales debido a su elevado valor ecológico y a la necesidad de proteger a las aves durante su periodo de reproducción.
La investigación comenzó después de que los agentes tuvieran conocimiento de la existencia de varias empresas vinculadas al denominado «turismo de motor», que presuntamente ofertaban recorridos ilegales por áreas restringidas y espacios naturales protegidos de la isla. Entre los enclaves afectados figuraban zonas declaradas como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zonas Especiales de Conservación (ZEC), ambas con un alto nivel de protección ambiental.
Investigación y vigilancia
Tras recibir la información inicial, el SEPRONA puso en marcha las correspondientes investigaciones para comprobar los hechos y determinar la posible responsabilidad de las empresas implicadas. Los agentes recopilaron indicios y datos que permitieron avanzar en las pesquisas y centrar los esfuerzos de control sobre las áreas afectadas.
A medida que avanzaba la investigación, la Guardia Civil reforzó la vigilancia en los lugares donde existían evidencias de estas actividades. Para ello, estableció distintos dispositivos de seguimiento con el objetivo de verificar el desarrollo de las rutas y localizar a sus responsables.
Paquetes turísticos sin autorización
Las actuaciones permitieron identificar a los promotores de las actividades investigadas. Además, los agentes comprobaron que las empresas comercializaban paquetes turísticos que incluían alojamiento y recorridos con vehículos a motor por espacios naturales protegidos, sin disponer de la documentación ni de las autorizaciones exigidas para desarrollar actividades de ocio y turismo activo en Canarias.
Según la investigación, estas empresas operaban en áreas especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental, donde la normativa limita determinadas actividades para garantizar la conservación de los ecosistemas y minimizar las molestias a la fauna silvestre.
Sanciones de hasta 300.000 euros
Como consecuencia de los hechos detectados, el SEPRONA formuló varias denuncias administrativas por presuntas infracciones de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Estas infracciones podrían conllevar sanciones económicas de entre 600 y 6.000 euros.
Asimismo, los agentes también presentaron denuncias por posibles incumplimientos de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. En este caso, las sanciones previstas oscilan entre los 1.500 y los 300.000 euros, en función de la gravedad de los hechos que finalmente determinen las autoridades competentes.
