Para levantar el precinto, los propietarios deberán presentar una garantía de 6.000 euros que asegure el cumplimiento de la resolución administrativa
La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha precintado una embarcación extranjera en el muelle de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, tras detectar el vertido de un líquido de color rosáceo por una tobera lateral del barco.
La medida, adoptada por orden de Capitanía Marítima el pasado 31 de julio, tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en aguas portuarias y proteger el medio marino, según ha informado este miércoles la Guardia Civil en un comunicado.
Inspección rutinaria
Durante una inspección rutinaria realizada por la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Fuerteventura, los agentes observaron cómo una de las embarcaciones atracadas expulsaba un líquido de color rosado por una salida lateral.
Tras acercarse al barco, identificaron a sus ocupantes, una pareja extranjera propietaria y tripulante de la embarcación, y les solicitaron la documentación correspondiente, además de preguntarles por el origen del vertido y si contaban con autorización para realizarlo.
Según la Guardia Civil, los ocupantes explicaron que el líquido procedía de aguas residuales de la lavadora y aseguraron que se trataba de un producto ecológico. También afirmaron que la embarcación era «100 % ecológica».
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La pareja conocía la normativa
Los agentes les recordaron que en aguas portuarias está prohibido realizar cualquier vertido sin autorización, independientemente de la naturaleza del líquido.
Según la misma fuente, la pareja admitió conocer la normativa y señaló que en otras ocasiones había evacuado el agua manualmente, aunque en esta ocasión optó por un método «más cómodo», al considerar que no causaba daños al medio ambiente.
Ante la imposibilidad de comprobar la composición del líquido y el posible riesgo para las aguas portuarias, la Guardia Civil trasladó los hechos a Capitanía Marítima de Las Palmas, que decretó el precinto cautelar de la embarcación al considerar que los hechos podrían constituir una infracción grave de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
El barco queda inmovilizado
Como medida provisional, la embarcación permanecerá inmovilizada hasta que se resuelva el expediente sancionador. Para levantar el precinto, los propietarios deberán presentar una garantía de 6.000 euros que asegure el cumplimiento de la resolución administrativa.
La Guardia Civil ha señalado que esta medida también responde al riesgo de que la embarcación, al navegar bajo bandera extranjera, pudiera abandonar el puerto y dificultar la ejecución de posibles responsabilidades económicas derivadas del expediente.
