El fiscal general defiende su inocencia y la Fiscalía afirma que la información ya era conocida por varios medios
Las acusaciones han rechazado la versión del fiscal general, Álvaro García Ortiz, sobre la filtración del correo donde la pareja de Isabel Díaz Ayuso admitía dos delitos fiscales. El abogado de Alberto González Amador vinculó el comunicado de la Fiscalía con un “relato político” que, según él, llevó a dirigentes del Gobierno a llamarle “delincuente confeso”.
El letrado Gabriel Rodríguez-Ramos pidió cuatro años de cárcel y 300.000 euros de indemnización para García Ortiz por revelación de secretos. Sostuvo que el fiscal general filtró el correo a la Cadena SER para construir un “relato institucional de confesión”.
Acusaciones que hablan de estrategia política
El abogado denunció una “maquinaria de comunicación del Gobierno” que, a su juicio, creó una condena pública antes del juicio. Aseguró que su cliente se convirtió en “moneda política” y que se vulneró su presunción de inocencia.
Señaló también que no era necesario incluir la admisión de delitos en la nota de prensa. Recordó que la Fiscalía tiene un deber de reserva y sigilo, y acusó a García Ortiz de usar el correo para activar un “relato de culpabilidad”.
Dudas sobre los testimonios de periodistas
Rodríguez-Ramos pidió valorar con cautela los relatos de los periodistas, que se ampararon en el secreto profesional. Llegó a afirmar que no existe un solo elemento que respalde sus versiones.
El Colegio de la Abogacía de Madrid también apuntó al Gobierno. Afirmó que existió una “política que hizo uso de información privilegiada” y recuperó la tesis del juez instructor que hablaba de indicaciones desde Presidencia.
Críticas a la actuación de cargos políticos
El abogado del Colegio calificó de “lamentable” la falta de memoria de Pilar Sánchez Acera, exresponsable de Moncloa. Aseguró que ella recibió el correo y lo envió a políticos antes de su publicación y que “no dijo la verdad”.
El Colegio pidió cuatro años de cárcel para García Ortiz y afirmó que actuarían igual si el caso afectara a la “esposa de”, en referencia a Begoña Gómez. Defendió que existe una prueba indiciaria sólida.
Manos Limpias y otras acusaciones refuerzan las sospechas
El sindicato Manos Limpias sostuvo que la filtración por parte del fiscal general es la “única explicación razonable”, especialmente tras el borrado del móvil de García Ortiz. Otras acusaciones tacharon de “inverosímil” la versión del fiscal y de los periodistas.
El abogado de la Asociación de Fiscales criticó que los periodistas usaran el secreto profesional para evitar aclaraciones clave. Consideró que esa decisión afecta a su credibilidad en sala.
La Fiscalía defiende que no hubo delito
La teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde afirmó que no existió revelación de secretos, porque la información “ya circulaba entre periodistas”. Alegó que, incluso si García Ortiz hubiera enviado el correo, sería “impune” al ser una noticia conocida.
Sánchez Conde aportó chats y conversaciones previas en medios como La Sexta y El País para sostener que los periodistas conocían el contenido antes de que el fiscal general lo recibiera.
Choques sobre el borrado del móvil del fiscal
La fiscal calificó de “legítimo” el borrado del móvil de García Ortiz. Aseguró que no afectó a la causa, porque las filtraciones no se producen por vías electrónicas. También cuestionó las divergencias de Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, en sus declaraciones.
Finalmente, defendió que González Amador recibió “el mismo trato que cualquier ciudadano” y recordó que la denuncia por fraude se presentó antes de que la Fiscalía conociera su relación con la presidenta madrileña.
