Los funcionarios de Las Palmas de Gran Canaria acumulan cuatro meses de impagos en sus horas extraordinarias
Los trabajadores de estos juzgados protestan cada mañana ante la Ciudad de la Justicia por su situación crítica. El personal exige el pago inmediato de las guardias atrasadas y una solución urgente a la falta de efectivos. Por ello, piden al Gobierno de Canarias que cumpla sus promesas para garantizar el servicio técnico y humano.
Los empleados de estos juzgados especializados no perciben sus horas extra desde el pasado 31 de diciembre. Esta deuda acumulada genera una indignación creciente entre los profesionales encargados de proteger a las víctimas. Por este motivo, los trabajadores mantienen concentraciones diarias a las puertas de su centro de trabajo.
Además, el personal exige que el Gobierno de Canarias cumpla sus promesas de forma inmediata. Los afectados consideran inaceptable que la administración ignore sus derechos laborales básicos durante tanto tiempo. La plantilla asegura que continuará con las movilizaciones hasta recibir el dinero que les corresponde por ley.
Agotamiento por la falta de personal
La carencia de trabajadores obliga a los funcionarios a cubrir turnos de hasta nueve días seguidos. Esta sobrecarga física y mental deriva de una plaza vacante que nadie ocupa actualmente. Por consiguiente, el resto de los compañeros debe asumir esas tareas adicionales para evitar el cierre del servicio.
Cristina González, funcionaria afectada, explica que la situación de indefensión es total para todos los compañeros. Según sus palabras, deben acudir al juzgado durante festivos y fines de semana sin descanso garantizado. La trabajadora destaca que la falta de previsión del Gobierno canario perjudica la gestión diaria de los expedientes.
Un servicio esencial al límite
El colapso técnico y humano pone en riesgo la atención rápida que requieren los casos de violencia machista. La falta de soluciones estables provoca un clima de tensión constante en la Ciudad de la Justicia. En consecuencia, los sindicatos piden una intervención urgente para dotar al juzgado de los medios necesarios.
Mientras tanto, los funcionarios esperan una respuesta concreta que alivie su excesiva carga de trabajo. La Administración debe cubrir la plaza vacía para normalizar los cuadrantes y asegurar el descanso del personal. Finalmente, el colectivo advierte que la calidad de la justicia canaria depende de la salud de sus trabajadores.
