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El fiscal apoya aplazar el juicio por la caja b y ve prematuro decidir sobre el careo con Rajoy

El fiscal Antonio Romeral ha apoyado que se aplacen al lunes las sesiones del juicio sobre la caja b del PP en las que comenzarían a declarar los acusados, entre los que figura Luis Bárcenas, para dar tiempo a uno de ellos, Cristóbal Páez, a recuperarse y cumplir la preceptiva cuarentena tras haber dado la semana pasada positivo en covid.

En su intervención en respuesta a las cuestiones previas que al inicio del juicio expusieron las defensas, el fiscal ha considerado también prematuro tener que pronunciarse sobre la propuesta del abogado de Bárcenas sobre la celebración de un careo con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que está citado como testigo, de apreciarse contradicciones entre las declaraciones de ambos.

Sobre la suspensión de la vista, que esta semana estaba previsto que se prolongase hasta el jueves -y que de acordarse se suspendería hasta el lunes-, el fiscal ha manifestado que en principio él defiende que se celebre el juicio oral teniendo en cuenta que ya han pasado cinco años desde que la Fiscalía presentó su escrito de acusación.

Sin embargo, entiende que la Sala debe compaginar el derecho a la celebración del juicio sin más dilaciones con que uno de los acusados esté en condiciones de poder declarar cuando su salud se lo permita.

Por ello, y al estar este acusado aquejado de una enfermedad con un pronóstico de recuperación de 10 días, como establece el protocolo de cuarentenas por covid, y que, en su caso, vencería el próximo lunes, el fiscal ha considerado razonable apoyar el aplazamiento.

Un posicionamiento, ha advertido, no obstante, que la Fiscalía reconsideraría si llegado el lunes este acusado no estuviese aún en condiciones de declarar.

Respecto del careo, Romeral ha manifestado que es «prematuro aventurarlo» cuando aún se desconoce si existen contradicciones, algo que además, ha añadido, deberá ser el tribunal el que «lo ponga de manifiesto y lo decida».

Ha puntualizado, además, que las contradicciones deben afectar al objeto de enjuiciamiento, «no a otros hechos distintos».

Respecto a los nuevos testigos que propuso el abogado de Bárcenas -los periodistas Francisco Mercado, Eduardo Inda, Ernesto Ekaizer y Marisa Gallero-, el fiscal ha recordado que un testigo es el que tiene «un conocimiento directo de los hechos» y es así como entiende que hay que valorar esta propuesta.

A su juicio, la investigación periodística no determina ser testigo directo de los hechos, y ha señalado que no se han aportado los elementos empleados por esos testigos para poder probar los hechos enjuiciados.

A lo que se ha opuesto de forma clara el fiscal es a que se decrete la nulidad del auto de apertura de juicio oral que el magistrado José de la Mata dictó en 2018 y en el que amplió los hechos y el número de delitos, por los que se dictó en 2015 el auto de procedimiento abreviado (PA) -equivalente al procesamiento-, a los que las acusaciones habían planteado en sus escritos.

«La crítica venía por admitir las calificaciones de las acusaciones, que se dice que no se corresponden con los hechos investigados» y «puede ser así», ha reconocido el fiscal, que, sin embargo, opina que no hay que fijarse tanto en la calificación jurídica, pues la relevancia penal la determinará la Sala.

Ha admitido que muchas de las valoraciones jurídicas de las acusaciones pueden ser incluso «disparatadas» ya que algunos de los hechos que incluyen están prescritos, pero ha insistido en que será el tribunal «el que module esos hechos y determine la prueba que debe hacerse».

En cuanto a las prescripciones alegadas, como la del delito fiscal de 2007, ha señalado que habrá que celebrar el juicio para determinarlo.

En cuanto a la petición de dispensa de los acusados para dejar de asistir a las sesiones del juicio una vez hayan prestado declaración, el fiscal anticorrupción se ha mostrado conforme teniendo en cuenta que han sido citados un centenar de testigos y el juicio está previsto que se prolongue varios meses, en concreto hasta el 20 de mayo.

La abogada del Estado Roda María Seoane, conocida por haber participado en el juicio del «procés», se ha adherido prácticamente en su totalidad a las alegaciones de la Fiscalía en respuesta a las cuestiones previas.

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