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25 abril 2024 7:08 pm

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La Justicia admite la denuncia de Fiscalía contra Melchior por cinco delitos

El Ministerio Fiscal le atribuye la presunta comisión de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y falsedad documental

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía contra el expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Ricardo Melchior por la presunta comisión de cinco delitos.

El expresidente de la Autoridad Portuaria y del Cabildo de Tenerife prestó este viernes declaración ante el citado juzgado en calidad de investigado por la denuncia en la que el Ministerio Fiscal le atribuye la presunta comisión de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y falsedad documental.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha precisado este sábado que la decisión de la jueza de admitir a trámite la denuncia de la Fiscalía se basa en que ha apreciado indicios, visos o sospechas de que el expresidente de la Autoridad Portuaria podría haber vulnerado la ley y, sin que ello suponga prejuzgar el caso o tomar ya una decisión sobre la culpabilidad o inocencia del expolítico, ha acordado investigarlo, incoar diligencias previas, para determinar qué hay de cierto en los cargos.

LA GESTIÓN DE MELCHIOR

Los hechos a los que se refiere la denuncia de la Fiscalía están relacionados con la gestión de Ricardo Melchior cuando fue presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife entre octubre de 2015 y julio de 2018.

En la denuncia se alude a contrataciones presuntamente irregulares llevadas a cabo por la Autoridad Portuaria y de las que ya advirtió la Intervención del Estado en una auditoría en la que detectó supuestas irregularidades en diversos expedientes de contratación tramitados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife entre enero de 2016 y julio de 2017.

En la auditoría se detectan adjudicaciones menores que incumplen la cuantía límite legal, fraccionamientos, sobrecostes y ausencia de trámites obligatorios, entre otras deficiencias.

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