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25 junio 2022 5:34 am

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La justicia británica aprueba la orden de extradición de Assange a Estados Unidos

Un juez de Reino Unido ha remitido la orden de extradición a la ministra del Interior británica, Priti Pate, quien tiene un plazo de dos meses para ratificarla

La justicia británica aprueba la orden de extradición de Assange a EEUU
Un cartel de protesta por Julian Assange. AAPIMAGE / DPA / EP

Un juez de Reino Unido ha aprobado este miércoles la extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange. El juez ha remitido la orden a la ministra del Interior, Priti Patel, quien tiene un plazo de dos meses para determinar si la ratifica.

«Un juez británico ha ordenado la extradición de Assange a Estados Unidos, donde hará frente a una condena de 175 años (de cárcel) por sus publicaciones», ha dicho Wikileaks en su cuenta en Twitter, antes de agregar que Patel tendrá hasta el 18 de mayo para pronunciarse.

La decisión ha sido adoptada por el juez Paul Goldspring, según ha informado el diario británico ‘Evening Standard’. La vista se ha celebrado con una protesta en el exterior del edificio con la presencia del antiguo líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn.

Acusado de espionaje

El Tribunal Supremo de Reino Unido desestimó en marzo la petición de Assange para recurrir su extradición a Estados Unidos. Assange está acusado de espionaje y podría enfrentarse a una pena de hasta 175 años de prisión por la publicación de documentos oficiales clasificados.

El fundador de WikiLeaks estuvo refugiado en la Embajada ecuatoriana desde 2012 para evitar la extradición inicialmente a Suecia, donde tenía pendiente una investigación por presuntos delitos sexuales, finalmente desestimados. Sin embargo, se le detuvo en abril de 2019 después de que las autoridades ecuatorianas le retiraran el asilo.

El caso no tiene precedentes en Estados Unidos bajo la normativa original, la Ley de Espionaje de 1917. Muchos académicos consideran que la ley, que nunca se ha utilizado para enjuiciar a un periodista hasta ahora, plantea problemas constitucionales preocupantes porque infringe los derechos de la Primera Enmienda a recibir y publicar información.

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