El Tribunal Superior de Justicia de Canarias declara nulo el acuerdo del Cabildo de Gran Canaria de 2022 por el que se aprobó la revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIOGC)
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha vuelvo a declarar nulo el acuerdo del Cabildo de Gran Canaria de 29 de diciembre de 2022 por el que se aprobó definitivamente la revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIOGC) al estimar un recurso presentado por Lopesan, entre otras empresas.
Según ha informado este jueves del gabinete de prensa del TSJC, la Sala de lo Contencioso Administrativo considera nulo el acuerdo del plan por su disconformidad con el ordenamiento jurídico y condena en costas al Cabildo.
El plan fue recurrido por las empresas Lopesan, Asfaltos y Construcciones, S.L. e Hijos de Francisco López Sánchez, S.A, señala la nota, que precisa que esta sentencia fue dictada el 6 de mayo de 2026 en el procedimiento ordinario 47/2023, y se refiere a la adaptación del PIOGC a la Ley 19/2003, de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias.
El tribunal parte de que, cuando se aprobó definitivamente la revisión, esa norma había sido en buena medida derogada por la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que introdujo un nuevo marco legal y derogó gran parte de las Directrices de Ordenación General.
Nueva resolución
La Sala de lo Contencioso Administrativo difundió el pasado 17 de abril, a través del gabinete de prensa del TSJC, la primera sentencia estimando un recurso contra el plan y declarándolo nulo de pleno derecho.
Esta es una nueva resolución sobre el mismo asunto, que en este caso da respuesta a un recurso de la mercantil Lopesan, añade la nota.
Según razona la Sala, el régimen transitorio de la Ley 4/2017 permitía continuar la tramitación de instrumentos de ordenación en curso, pero no amparaba la aprobación de una revisión para adaptarla a una normativa ya derogada cinco años antes.
El tribunal entiende que esa opción normativa carece de sentido porque conduce a un planeamiento abocado a una revisión inmediata para acomodarse a la legislación vigente.
La resolución también señala que el propio expediente incorporaba referencias a las Directrices de Ordenación General derogadas, pese a que debían haberse suprimido del documento por efecto del nuevo marco legal.
En consecuencia, la Sala concluye que la revisión aprobada por el Cabildo mantenía elementos incompatibles con la normativa aplicable y no podía sostenerse jurídicamente.
El fallo estima íntegramente el recurso y anula el acuerdo del Cabildo de Gran Canaria.
La sentencia recuerda, además, que contra esta resolución cabe recurso de casación ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo, siempre que concurra interés casacional objetivo y se cumplan los requisitos legales.
