El plan refuerza los servicios telemáticos y prevé ajustes organizativos ante las restricciones de movilidad y seguridad previstas los días 11 y 12 de junio
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha aprobado un protocolo organizativo específico con motivo de la visita del papa León XIV a las islas de Gran Canaria y Tenerife los próximos 11 y 12 de junio. El acuerdo incluye el refuerzo de los servicios telemáticos para garantizar el funcionamiento de la Administración de Justicia.
El instrumento busca asegurar la actividad judicial en un contexto marcado por la prealerta declarada por el Gobierno de Canarias ante la previsión de un evento multitudinario.
Comisión de seguimiento
La medida llega después de la comunicación remitida por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, que declaró la situación de prealerta asociada a esta visita en el marco del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca). Según recoge una nota del TSJC, las previsibles restricciones de movilidad, seguridad y acceso pueden afectar al desarrollo normal de la actividad judicial.
Con este objetivo, la Sala de Gobierno ha acordado crear una comisión de seguimiento encargada de coordinar el protocolo y mantener la relación con las autoridades competentes en materia de protección civil, seguridad y emergencias.
Este órgano estará integrado por el presidente del TSJC, las presidencias de las dos audiencias provinciales y el secretario de gobierno.
La comisión podrá proponer, en función de cómo evolucionen las circunstancias, medidas organizativas generales para minimizar el impacto sobre los órganos judiciales. Entre ellas figuran la reordenación de señalamientos, ajustes de horarios o turnos, la reducción de desplazamientos, la limitación de actividad presencial y el impulso de las actuaciones telemáticas.
Medidas en los partidos judiciales más afectados
El acuerdo también contempla reforzar la coordinación interna con las presidencias de los tribunales de instancia y los letrados de la Administración de Justicia. Además, prevé coordinación externa con la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias y garantiza información puntual a los operadores jurídicos sobre las decisiones que se adopten.
La Sala de Gobierno establece medidas específicas para los partidos judiciales que previsiblemente se verán más afectados por la concentración de personas y las limitaciones de tráfico y seguridad: San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna.
En estos órganos podrá reducirse la asistencia presencial y reordenarse las vistas no urgentes previstas para los días 11 y 12 de junio. Además, se priorizarán las actuaciones urgentes antes de esas fechas y se valorarán las incidencias procesales que puedan producirse. En su caso, también podrá aconsejarse la aplicación excepcional del artículo 134 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en supuestos de fuerza mayor.
Garantía de los servicios esenciales
El protocolo contempla igualmente la posibilidad de reforzar el servicio de guardia cuando las circunstancias lo aconsejen. También fija medidas concretas para las salas del propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde podrán reordenarse vistas y deliberaciones previstas para esos días, con prioridad para las actuaciones urgentes.
En todo caso, el acuerdo garantiza expresamente la prestación de la actividad judicial imprescindible.
Así, deberán mantenerse en todo momento servicios esenciales como el servicio de guardia, la presentación de detenidos, las decisiones urgentes de instrucción, la tutela de derechos fundamentales, los asuntos que afecten a personas vulnerables, las medidas cautelarísimas, la protección de menores y víctimas de violencia de género y cualquier otra actuación judicial inaplazable.
La vigencia de este protocolo se extenderá desde la activación del Plateca en fase de prealerta o alerta y permanecerá en vigor hasta que finalicen dichas situaciones.
El acuerdo será comunicado al Consejo General del Poder Judicial, así como a los presidentes de sala del TSJC, de las audiencias provinciales y de los tribunales de instancia afectados.
