El gobierno de Canarias está pendiente de como puede afectar la normativa europea sobre la emisión de CO2 a las navieras
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha planteado a la Comisión Europea la preocupación por el régimen de comercio de derechos de emisión de CO2 y como afectará al tráfico marítimo en los puertos.
El gobierno de Canarias teme la perdida de competitividad en favor de otros destinos. Por esta razón, ha presentado una serie de propuestas a la responsable de Mercados de Carbono y Movilidad Limpia de la Dirección General de Movilidad de la Comisión Europea, Beatriz Yordi, para que tengan en cuenta al archipiélago canario.
En esta reunión europea, han estado presentes también la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, y los presidentes de las autoridades portuarias de las dos provincias.
Rodríguez ha señalado que la nueva directiva europea «resta competitividad y conectividad al archipiélago» y ha avanzado que Canarias trabajará con el resto de regiones ultraperiféricas para «lograr que se adapten estas políticas europeas».
Por su parte, “la tasa que pagarán los buques por contaminación afectará a nuestra economía y a nuestra supervivencia, por lo que perderemos conectividad en beneficio de otros puertos de terceros países», ha afirmado Calzada, quien ha insistido en que «nuestro avituallamiento y nuestros suministros están en peligro».
El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, ha comentado la importancia de continuar defendiendo las especificidades del archipiélago, y asegurar un tráfico marítimo internacional.
