El texto aprobado en el Parlamento busca frenar la gentrificación y garantizar el acceso a la vivienda, pero enfrenta a hoteleros y pequeños propietarios
La aprobación este martes en el Parlamento de Canarias de la nueva ley que regula la vivienda vacacional ha reavivado la disputa entre el sector hotelero y los propietarios de este tipo de alojamientos. La norma, aprobada con los votos en contra de PSOE, Nueva Canarias y Vox, pretende garantizar el acceso a la vivienda, evitar la gentrificación y frenar la conversión masiva de viviendas residenciales en turísticas.
El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, celebró la medida por aportar “claridad y orden a una actividad que interfiere en el acceso a la vivienda”, mientras que la presidenta de Ascav, Doris Borrego, la calificó como “un día negro para Canarias”, asegurando que “expulsa del turismo a miles de familias canarias”.
Ashotel: “Más vale tarde que nunca”
Marichal destacó que el texto marca por fin las reglas para los inversores que deseen dedicarse a esta actividad. Recalcó que los hoteleros “nunca han estado en contra del alquiler vacacional”, sino de su “intromisión en un tema tan sensible como la vivienda”.
“Llevamos diez años advirtiendo que no se trataba de un problema de competencia, sino de un problema social. Cuando la gente se quedó sin casa, hubo que actuar. Más vale tarde que nunca”, afirmó.
El dirigente hotelero señaló que la regulación permitirá ordenar un sector que creció de forma descontrolada, obligando a muchos trabajadores del turismo a vivir lejos de sus centros de trabajo. “Aunque subamos los sueldos, la gente no llega, porque ahora paga el doble o el triple de alquiler”, lamentó. Marichal defendió que el objetivo no debe ser prohibir, sino integrar la vivienda vacacional como parte complementaria de la oferta turística, bajo las mismas reglas que los hoteles.
Ascav: “Nos expulsan del turismo”
Por su parte, Doris Borrego, presidenta de Ascav, acusó al Gobierno de “sentenciar que el turismo no es para todos” y de favorecer a grandes tenedores y fondos de inversión. “Hoy nos han expulsado a favor de los hoteleros, que podrán mantener sus edificios hasta 20 años, mientras el pequeño propietario quedará fuera en pocos meses”, denunció.
Borrego alertó de que la ley pone en peligro el sustento de miles de familias canarias, afectando a un entramado que incluye gestores, limpiadoras, empresas de mantenimiento y piscinas. Según Ascav, la vivienda vacacional genera más de 2.000 millones de euros al año en Canarias, cuyos impuestos “se pagan aquí y benefician a todos”.
Dudas sobre el efecto real en el mercado de vivienda
La representante del sector rechazó que la nueva ley mejore el acceso a la vivienda, asegurando que “no bajarán los precios del alquiler ni aumentará la oferta”, como ha ocurrido en otros destinos turísticos. A su juicio, el verdadero problema radica en “la inseguridad jurídica y las 211.000 viviendas vacías” que siguen fuera del mercado. Criticó además que el Gobierno traslade la responsabilidad a ayuntamientos y cabildos, que deberán decidir dónde se permite la actividad.
Borrego sostuvo que la ley aprovecha un vacío legal en la normativa de 2011 para “erradicar la vivienda vacacional en manos de pequeños propietarios”, y estimó que el 85% de las actuales desaparecerán en los próximos meses. “Los canarios perderemos nuestro patrimonio, porque quien pueda cerrará su casa y quien no, la venderá a extranjeros”, concluyó.
