El Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros la ley trans y por la igualdad del colectivo LGTBI: tras meses de desencuentros y una negociación contrarreloj. El Ejecutivo de Pedro Sánchez llega al Orgullo con un anteproyecto que reconoce la libre determinación del género y deja de considerar enfermas a las personas trans
Las negociaciones entre los socios de gobierno han sido difíciles. Tras un bloqueo que ha durado meses por las diferencias de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en torno a la autodeterminación del género, la cercanía del Orgullo, que este lunes celebra su Día Internacional, y la implicación del colectivo LGTBI han contribuido a desatascar el anteproyecto.
Igualdad, Justicia y Moncloa han consensuado finalmente que se permitirá el cambio de sexo y nombre en el Registro Civil sin necesidad de testigos, pruebas ni informes médicos en un plazo de tres meses, lo que se conoce como autodeterminación del género.
La ley acabará así con la patologización de las personas trans -hasta ahora tenían que acudir a un médico que acreditara su cambio de sexo- y reconocerá su identidad con un procedimiento administrativo sencillo en el Registro Civil: la persona interesada expresará su voluntad ante el funcionario y volverá a hacerlo tres meses después para que el cambio sea efectivo.
Podrán hacerlo las personas mayores de edad y los menores a partir de los 14 años. Igualdad y los colectivos LGTBI lo solicitaban a partir de los 12 años, un punto que las asociaciones esperan que se mejore en el trámite parlamentario, al igual que el reconocimiento de las personas no binarias -que no se sienten ni hombre ni mujer-.
Se espera una tramitación compleja
El camino del anteproyecto ha sido tortuoso y previsiblemente tendrá por delante una tramitación también compleja. El Gobierno de coalición se comprometió a impulsar dos leyes, una LGTBI y otra trans, pero finalmente ambos textos se han unificado en uno solo.
En la misma ley se regularán distintas cosas, como el cambio registral, el derecho de filiación de los hijos de las mujeres lesbianas, los tratamientos de fertilidad asistida para este colectivo y las «personas con capacidad de gestar», o el régimen sancionador por discriminación al colectivo LGTBI.
Han sido muchas las reuniones de Igualdad, Justicia y la Vicepresidencia de Carmen Calvo, que veía en la autodeterminación del género el principal escollo y exigía seguridad jurídica.
Los colectivos LGTBI y el Ministerio de Montero han mantenido en todo momento que la autodeterminación del género era una línea roja.
En paralelo a las negociaciones gubernamentales se han producido ásperos debates dentro del feminismo, donde un sector crítico defiende que el sujeto político del movimiento es la mujer y considera que la autodeterminación pueden conllevar el «borrado» de las mujeres del ordenamiento jurídico.
El pasado verano, la aparición de un argumentario socialista contrario a la autodeterminación del género que estaba avalado por la vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro José Luis Ábalos avivó la polémica, si bien distintos integrantes del Gobierno han venido reiterando en diferentes ocasiones que el compromiso con el colectivo trans es claro.
En un contexto de tensión creciente, la ministra portavoz, María Jesús Montero, explicaba a comienzos de noviembre que el Ejecutivo ve «compatible» la lucha por la igualdad de oportunidades de las mujeres con el reconocimiento y el refuerzo a través de una ley de los derechos de las personas trans, un colectivo discriminado al que se le ha negado la igualdad «a lo largo de los tiempos».
Poco después, el 25 de noviembre, la ministra de Igualdad hacía, entre lágrimas, un llamamiento a la unidad del feminismo y a los pactos entre las distintas voces del movimiento, que definía como plural, crítico y resiliente, y aseguraba que su departamento es «el ministerio de todas las mujeres».
Ante la falta de avances, en marzo, activistas de la Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas iniciaron una huelga de hambre para exigir el desbloqueo de la ley y llegaron a pedir que se declarara al PSOE partido non grato en las celebraciones del Orgullo si no se reconocía la autodeterminación del género.
Tan enrocadas y alejadas llegaron a estar las posiciones dentro del Ejecutivo, que distintos partidos –ERC, Más País, Compromís, JxCat, la CUP y Nueva Canaria- optaron por registrar una proposición de ley trans en el Congreso de los Diputados, un texto que la Cámara Baja no tomó en consideración por los votos en contra de PP y Vox y la abstención del PSOE.
Durante ese debate, Irene Montero subió a la tribuna para comprometerse a consensuar con los socialistas una ley que reconociera la libre determinación del género antes de la celebración del Orgullo.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (Felgtb), la Fundación Triángulo y Chrysallis (Asociación de Familias de Menores Trans) han optado durante todos estos meses por un perfil más conciliador con las partes, conscientes de que había que aprovechar el momento político para avanzar en derechos del colectivo.
Aunque con algunas cesiones, como la edad a partir de la cual los menores trans pueden cambiar su mención registral, Montero ha logrado su objetivo.
La pasada semana colgaba la bandera trans en los balcones del Ministerio de Igualdad, cuyo lema para este junio es «Orgullo de Todas, Todos, Todes. Por una España feminista y diversa».
«Será ley», aseguraba, orgullosa, la ministra
Informa: Violeta Molina Gallardo (EFE)
