El consejero de Hacienda, Román Rodríguez, en su intervención en el Parlamento ha dicho que no existe la posibilidad de que una bajada de impuestos sobre el combustible reduzca el precio en las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Lanzarote
Una reducción de impuestos sobre el combustible no se traslada a la posibilidad de que baje el precio del mismo. Es lo que ha dicho el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, en su intervención en el Parlamento. Rodríguez ha precisado que solo la entrada de nuevos competidores en esos mercados insulares reducirá el coste de este producto.
El también vicepresidente del Ejecutivo canario hizo estas manifestaciones durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias. En ella la diputada del grupo Nacionalista Canario Nieves Lady Barreto le preguntó por el diferencial del coste del combustible entre estas islas y Gran Canaria y Tenerife.
Rodríguez ha señalado que se trata de un producto de consumo sometido a las leyes de mercado y totalmente liberalizado. También ha reconocido que las diferencias de precio entre estas islas, entre las que incluyó a Lanzarote, y el resto se han ido consolidando.
«No es problema nuevo, ni fácil» ha indicado Rodríguez. Ha señalado que, de acuerdo a las conclusiones de los diferentes estudios, se trata de un problema de competencia y no de reducción del impuesto sobre el combustible.
Esta última medida, ha añadido el consejero de Hacienda, podría tener un efecto perverso. Podrían ser las empresas las que se beneficiaran de esta reducción de impuestos y no repercuta finalmente en el precio del combustible.
La reducción de impuestos y bajada de los precios pasa por la entrada de nuevos competidores
En su opinión, la solución a este problema pasa por la introducción de nuevos actores en el mercado. Ha recordado que su departamento también intentó dar ayudas directas a los transportistas pero no fue posible su tramitación.
La diputada del grupo Nacionalista Nieves Lady Barreto ha advertido que el precio del combustible en estas islas ha alcanzado unos límites nunca visto. Ha subrayado que el diferencial supone 500 euros anuales para un familia y un 4.000 para los transportistas.
Se trata, según la parlamentaria, de una situación injusta y ha reiterado la propuesta de su fuerza política para la exención del impuesto sobre el combustible y la creación de un observatorio que vigile que la medida tiene repercusión en los precios.
