La Confederación Canaria de Empresarios alerta de que el absentismo por incapacidad temporal alcanza el nivel más alto de España y reclama medidas urgentes para corregir las deficiencias del sistema
El absentismo derivado de las bajas médicas por Incapacidad Temporal por Contingencia Común (ITCC) genera un coste de alrededor de 3.000 millones de euros anuales en Canarias y provoca que cada día las empresas del archipiélago dejen de contar con entre 62.500 y 70.000 trabajadores, según ha advertido la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).
La patronal considera que la dimensión alcanzada por este fenómeno resulta «insostenible» en las islas, donde el absentismo por ITCC alcanzó el 7,9 % durante el cuarto trimestre de 2025, el porcentaje más elevado de todo el país.
Un problema agravado por la estructura económica canaria
La CCE sostiene que el impacto de las bajas laborales sobre la actividad empresarial resulta especialmente intenso en Canarias debido a las características de su tejido productivo. La economía regional depende en gran medida de micropymes, autónomos y sectores intensivos en mano de obra, como el turismo, la hostelería y el comercio, lo que multiplica las dificultades para cubrir ausencias prolongadas.
«El impacto organizativo y sobre la productividad es mayor en Canarias que en cualquier otro territorio de España», señala la organización empresarial, que ha dado a conocer estos datos tras participar en las jornadas nacionales organizadas por la CEOE bajo el título ‘Absentismo por IT: un problema de país’.
Durante el encuentro, el vicepresidente ejecutivo de la CCE, José Cristóbal García, denunció la existencia de «diversas ineficiencias del sistema» que contribuyen a agravar el problema.
Falta de coordinación y escasez de recursos
Entre las principales deficiencias señaladas por la patronal figuran la baja aceptación de las propuestas de alta médica formuladas por las mutuas, la escasa coordinación entre los distintos organismos implicados y las limitaciones de la inspección médica para actuar con mayor eficacia.
Según expuso García, este último servicio cuenta actualmente con apenas una veintena de inspectores, una cifra que considera insuficiente para afrontar el volumen de expedientes existentes en Canarias.
La organización empresarial también mostró su preocupación por el aumento de las bajas relacionadas con problemas de salud mental. La tendencia afecta especialmente a los menores de 35 años, un fenómeno que, a juicio de la patronal, trasciende el ámbito laboral y debe abordarse como un problema de salud pública.
Más recursos para salud mental
La CCE defiende la necesidad de reforzar los servicios de atención psicológica y psiquiátrica y de impulsar políticas preventivas desde edades tempranas para reducir la incidencia de estas patologías.
Además, plantea la creación de un órgano permanente de participación institucional sobre absentismo en Canarias en el que estén representadas todas las partes implicadas. Entre sus propuestas también figuran una mayor coordinación entre el Servicio Canario de la Salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas, así como el fortalecimiento de la atención primaria y de la inspección médica.
La patronal apuesta igualmente por ampliar las competencias asistenciales de las mutuas, incrementar los recursos destinados a la salud mental y revisar determinados complementos de incapacidad temporal incluidos en la negociación colectiva. Asimismo, propone establecer mecanismos que reduzcan la emisión retroactiva de bajas laborales.
Un coste creciente para empresas y administraciones
Según explicó la Confederación Canaria de Empresarios, las jornadas celebradas en Madrid pusieron de relieve que la incapacidad temporal constituye, ante todo, una cuestión sanitaria que exige proteger la recuperación de los trabajadores, pero también representa un importante desafío económico y organizativo tanto para las empresas como para las administraciones públicas.
Durante la clausura del encuentro, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, destacó que el coste del absentismo laboral en España se ha triplicado durante la última década hasta alcanzar los 33.000 millones de euros en 2025, una factura de la que las empresas asumen más de la mitad.
Ante esta evolución, los representantes empresariales reclamaron medidas urgentes que permitan reducir las actuales tasas de absentismo sin comprometer la protección y recuperación de los trabajadores que se encuentran de baja médica.
