La mayoría de las CCAA han rechazado en la comisión sectorial de Infancia y Adolescencia la propuesta de Igualdad para repartir a los menores migrantes llegados a Canarias. El presidente regional considera necesaria la intervención del ministerio
La propuesta del Ministerio de Igualdad para repartir a los menores migrantes arribados a las costas canarias ha sido rechazada por la mayoría de las CCAA. Se han reunido este jueves, 21 de marzo, en Madrid, en la comisión sectorial de Infancia y Adolescencia. Alegan que este tipo de repartos invade sus competencias y se realiza sin la información previa necesaria. Desde que se aprobó la derivación a la Península en octubre, solo se ha trasladado a 8 menores de 339.
Este viernes, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha apelado al ministerio. Afirma que deberá asignar «cupos mínimos» para aquellas CCAA que no tienen recursos. En caso de que se vaya a distribuir finalmente entre todas las CCAA, el ministerio deberá, según Clavijo, decidir cuántas plantas corresponden a cada una. En sus propias palabras, «esto o se establece por ley o la realidad es que todo el mundo se solidariza contigo pero no se resuelve», y «los 400 menores siguen sin salir».
Según el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, «lo que ha fracasado ya es la solidaridad«, por lo que desde el Gobierno de Canarias se busca «acuerdos efectivos, que empiecen a traducirse en el traslado efectivo, con todas las garantías».
Visita oficial de la ministra a Melilla
Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que el acuerdo para el “reparto equilibrado” de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas se tratará en una conferencia sectorial a principios de verano “con rigor y seguridad jurídica”.
También “desde la especial delicadeza que, evidentemente, requiere esta cuestión”, ha dicho Saiz a preguntas de los periodistas en su primera visita oficial a Melilla, donde ha avanzado que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha emplazado a las diferentes regiones para hablar de este acuerdo “para analizar la legislación vigente” de cara a ese reparto.
Conferencia sectorial en verano con todas las CCAA para tratar el reparto de menores migrantes
La ministra ha dejado claro que “nunca ha habido tantos foros ni tantos fondos destinados a estos importantes desafíos” como los que hay ahora. En ellos, se pretende analizar este asunto a través del diálogo y de la escucha con las comunidades autónomas como demuestra, a su juicio, el hecho de que ya se hayan convocado dos reuniones de la conferencia sectorial.
Así, se ha referido al “importante contingente de fondos” y la “histórica cantidad de recursos que el Estado” ha puesto a disposición de las diferentes autonomías tanto en la pasada legislatura como en esta, por lo que ha responsabilizado a las regiones de su gestión.
“Desde luego, se nota quién está al frente de las comunidades o de las entidades porque luego las decisiones políticas de adónde se destinan esos fondos ya son competencia de cada uno de los responsables políticos”, ha afirmado Elma Saiz, que aboga por estudiar “estos desafíos” con un diálogo conjunto con las comunidades y las entidades locales.
Melilla pide más fondos para atender a los menores extranjeros no acompañados
De esta manera, ha respondido al Gobierno de Melilla, que hace dos días, cuando se conoció que la ministra visitaría la ciudad, pidió que el Estado duplique la financiación que actualmente destina a la atención a menores extranjeros no acompañados. Un problema que la ciudad autónoma sufre de manera directa por tener frontera con Marruecos.
“Nunca ha habido tantos fondos por parte de la Administración General del Estado para la territorialización de las diferentes necesidades, eso es una realidad incuestionable”, ha aseverado la ministra.
Durante su visita a Melilla, Saiz ha aprovechado para visitar el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), sobre el que algunas ONG han acusado al Gobierno de falta de transparencia a la hora de acceder a él.
Sobre esta cuestión, la ministra ha dejado claro que la política migratoria del Gobierno “pone en el centro los derechos humanos y todo lo que tiene que ver con la protección de datos”, además de “abordar esta cuestión con altura de miras, sensibilidad, total transparencia y buen hacer”.
