La diputada del Común ha señalado especialmente en el mayor número de quejas que se han producido en Canarias aquellas en materia de discapacidad
La diputada del Común, Lola Padrón, aseguró durante la inauguración de las jornadas organizadas con personas menores procedentes de otras comunidades en la isla de Fuerteventura que «lo más importante con respecto a la Diputación es que hemos reforzado la defensoría en Fuerteventura porque sí que hemos detectado que las islas de Fuerteventura y Lanzarote no se quejan. Y no se quejan no porque no tengan problemas, sino porque hay que acercar los recursos».
Padrón confirmó que el hecho de organizar el taller para niños, niñas y adolescentes en la isla «no es una casualidad. Es una señal de que queremos que la oficina se vea reforzada con los dos asesores que tenemos y que son responsables de la organización de este evento».
Para la diputada del Común, esta ha sido una ocasión para «abrir una puerta a las quejas de los ciudadanos». Para Lola Padrón la Diputación tiene que estar «más cerca de las quejas de los ciudadanos, ser la voz de aquellos a los que la Administración ha dado la espalda».
Padrón destacó la férrea intención de la Diputación del Común en reforzar las oficinas insulares “detectamos que el último recurso del ciudadano no se estaba poniendo al 100% y que este es un hecho que demuestra el compromiso y las ganas de acercar la defensoría a la ciudadanía de esta isla».
Más quejas en Canarias
Lola Padrón reflexionó nuevamente ante los medios de comunicación sobre el mayor número de quejas que se registran en Canarias. La diputada del Común destacó especialmente las quejas en materia de discapacidad y en ese sentido apuntó que «la Administración debería pedir perdón«.
Padrón afirmó que hay procesos para dar la valoración de discapacidad que requieren de equipos itinerantes para abarcar todas las islas y que valoren a personas que tienen discapacitados en sus casas. «Hemos doblado el número de quejas en este último año en materia de discapacidad. Una persona con un problema de discapacidad en su familia no es valorado en un periodo de 3 a 5 años, donde se le coartan los derechos que les da el Estado del Bienestar y la legislación vigente».
Insistió también en lo que afecta de forma transversal a la vida cotidiana de las personas, “como la capacidad de dar atención temprana. Tenemos una ley de atención temprana a los menores de 0 a 6 años con una discapacidad, y es irreversible si no hay una valoración desde la Administración».
De ahí que la Diputación del Común vea necesario hacer ‘un plan de choque urgente con equipos itinerantes, que los equipos de orientación se coordinen». Insistió en que la coordinación con Sanidad y Educación es vital toda vez que ya existe una valoración. «Es un fracaso de la Administración con las familias y empobrece a aquellas familias que además de no llegar a fin de mes, tienen un problema de discapacidad en su casa».
