Langa asegura que en Canarias 64 municipios están afectados por la Ley de Costas con más de 150.000 personas damnificadas
El presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (Pcalc), José Luis Langa González, ha informado de que los afectados por la Ley de Costas de las zonas de Punta Larga y El Faro, en Fuencaliente (La Palma), presentarán recursos de casación ante el Tribunal Supremo.
Los recursos para evitar la demolición de estas zonas poblacionales presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, están siendo desestimados. Eso «nos obliga a formular recursos de casación ante el Tribunal Supremo”, aseguró Langa. «Con el fin de evitar los desalojos forzosos en estas poblaciones”, que afectan a más de sesenta viviendas en las que residen desde hace décadas numerosas familias.
El presidente de la Pcalc recordó que la modificación de la Ley de Costas en 2013, “permitía la desafección de los núcleos urbanos consolidados, toda vez que los ayuntamientos acreditaran esta situación. Lo que ocurrió es que muchos ayuntamientos no enviaron la información, y uno de estos casos es el de Punta Larga y El Faro, en La Palma”.
Bases de los recursos de casación
En este sentido, el letrado explicó que el alcalde de Fuencaliente ha enviado un escrito en el que informa de que estas zonas poblacionales cumplen los requisitos necesarios para su desafección (carreteras, alumbrado, alcantarillado, etc.) antes de la promulgación de la Ley de 1988. Y “basándonos en esa información, y en que el Parlamento Europeo alega que la Ley de Costas española está vulnerando derechos fundamentales, vamos a presentar dichos recursos de casación”, matiza Langa González.
El presidente de la Plataforma añade que “de ser operativa y efectiva la comisión mixta que se ha creado para defender el litoral canario, y de contar con las competencias transferidas en Costas que recoge el Estatuto de Canarias, estas situaciones se podrían resolver con satisfacción para los afectados”.
Cabe recordar que la comisión mixta está formada, además de por la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas, por el Gobierno de Canarias, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la Federación Canaria de Islas (Fecai).
“Vamos a instar al Gobierno de Canarias -aseguró Langa- a que reclame las competencias sobre Costas que debería tener esta comunidad, igual que otras que están afectadas por la ley”. Además de que “es vital que la comisión sea efectiva, gobierne quien gobierne”.
En este sentido, Langa González recordó que la zona poblacional de Las Bajas, en Güímar (Tenerife) corre la misma suerte que los núcleos de La Palma. Afecta a unas veinte viviendas “que llevan años sin poder entrar en sus casas por problemas que no resuelve el propio Ayuntamiento”.
Ante esta situación “también presentaremos recursos de casación ante el Tribunal Supremo”, añadió el letrado, quien recordó que son 64 los municipios afectados por la Ley de Costas en Canarias, y más de 150.000 personas damnificadas.
