Después de la crisis sanitaria ya se vislumbra la crisis económica y las corporaciones locales, ayuntamientos y cabildos, anuncian una paradoja. Canarias estará con un alto nivel de paro, con miles de trabajadores dentro de expedientes de regulación de empleo y con un sector turístico al que le costará arrancar.
Las mayoría de las empresas tendrán problemas de liquidez mientras que los ayuntamientos acumularán en sus cuentas corrientes cerca de 5.000 millones de euros que no podrán usar. “Ese es el escenario que vamos a tener en los próximos meses y no tiene ningún sentido”, señala Óscar Hernández, alcalde de Agüimes (NC) y presidente de la comisión de economía de la Federación canaria de municipios.
Desde el año 2012 las corporaciones locales no pueden gastar su superávit (diferencia entre ingresos y gastos al finalizar el año) en lo que quieran. Están sometidos a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que obliga a que ese dinero solo pueda destinarse a pagar la deuda con los bancos o al ahorro. En los últimos ocho años, casi todos los ayuntamientos de Canarias han saneado su economía. La mayoría tiene deuda cero. De los 88 ayuntamientos, “solo hay seis u ocho con deuda”, apuntan desde la Fecam, entre ellos el más grande y el más pequeño, Las Palmas de Gran Canaria y Betancuria, en Fuerteventura.
El resto acumula un gran remanente. Algunos ayuntamientos aún no han finalizado la liquidación del ejercicio 2019 y tampoco se conoce la cifra excata de 2018, pero hasta esa fecha había acumulados en los bancos unos 4.000 millones de euros que pertenecen a ayuntamientos y cabidlos, “así que la cifra ahora puede rondar los 5.000 millones muy probablemente”, señala Hernández. Por ejemplo, Agüimes tiene unos 40 millones de euros de remanente, Arrecife casi 50, tantos como su presupuesto anual, San Bartolmé (Lanzarote) otros 19, San Bartolomé de Tirajana unos 220 millones y el Cabildo de Gran Canaria guarda en el banco 600 millones.
Por otra parte, el Banco Central Europeo ha empezado a cobrar a las entidades financieras el 0,5 por ciento de interés por esos depósitos y las entidades financieras están trasladando ese gasto a los ayuntamientos, por lo que no solo no pueden usar el dinero sino que tiene que pagar por ello. En España, la cifra total de remanentes roza los 30.000 millones de euros.
Plan del Gobierno estatal
Ese dinero, en cualquier caso, no se puede tocar sin el visto bueno del Gobierno de España. Aunque no hay una comunicación oficial, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trasladó recientemente a los responsables de las comunidades autónomas que el Gobierno quiere disponer del superávit de las corporaciones locales para hacer frente al aumento del gasto público.
La decisión, sin embargo, no es oficial y la forma de disponer del dinero tampoco está clara.
El Gobierno, a su vez, necesita el apoyo de la Unión Europea, tanto para obtener más liquidez como para obtener el permiso para aumentar su deuda, ya que utilizar los fondos por parte de los ayuntamientos o por parte del Gobierno subiría el nivel de endeudamiento del país.
Desde la Fecam, Hernández asegura que si Europa es más flexible en la regla de gasto con las peticiones de los estados, quizá lo podamos usar”. “Es el superávit de los ayuntamientos españoles el que está soportando la deuda pública del país”, y añade: “Y somos los que más hemos cumplido”. Hasta ahora, la única concesión es que se podrá gastar el veinte de superávit de 2019, no de todo el remanente, en asuntos sociales.
Planes de empleo
El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort (CC), en Lanzarote, es más duro y muestra su rechazo a la idea del Gobierno de “apropiarse del superávit”. El destino del dinero, si se puede usar, dependerá del perfil de cada ayuntamiento, pero todos piensan en planes de empleo como prioridad.
El primer edil de Teguise cree que es el momento de destinar el superávit “a la creación de empleo, a la puesta en marcha de obra pública y a planes de infraestructura”.
En la misma isla, otros alcaldes de distintos partidos como el de San Bartolomé, Alexis Tejera o la de Arrecife, Astrid Pérez (PP) tiene la misma intención. Pérez asegura que si no se permite usar ese dinero, mejor sería “cerrar la puerta” y que los servicios los preste otra administración porque también van a caer los ingresos por tributos municipales.
Por su parte, el presidente de la Federación Canaria de Islas (FECAI), Casimiro Curbelo (ASG), ante esta situación no descarta que las administraciones locales deban recurrir también a fórmulas parecidas a los expedientes de regulación de empleo porque la falta de liquidez también llegará a cabildos y ayuntamientos, ya que los cabildos se nutren fundamentalmente de los fondos del REF y el IGIC.
La postura de la Fecam es anterior a la crisis pero ahora se acentúa. Según Óscar Hernández, “no hay ni un alcalde, sea del partido que sea, que no esté de acuerdo”, y añade que esa postura también está en la Femp, a nivel estatal.
“El Gobierno de Canarias – señala – también nos respalda, podemos ser un elemento dinamizador de la economía en estos momentos, porque por cada euro invertido por un ayuntamiento se generan tes euros en el municipio y la única manera de dinamizar en un periodo de recesión va a ser la inversión pública”.
Los ayuntamientos pelean por poder inyectar casi 5.000 millones en la economía canaria
