El objetivo que se ha marcado el Gobierno de Canarias con este decreto es habilitar la mayor reconstrucción posible de lo perdido tras el volcán
El viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, presentó este jueves a los siete cabildos insulares el decreto ley 9/2023 de medidas en materia territorial y urbanística que regula la reconstrucción de la zona dañada por el volcán de Cumbre Vieja. La norma, que entró en vigor el 19 de diciembre, irá al Pleno del Parlamento el próximo 17 de enero para su convalidación.
Afonso detalló ante la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento los principales aspectos del decreto asegurando que “todo lo que está haciendo el Gobierno, sienta precedentes jurídicos para futuras erupciones en Canarias, y puesto que somos la única región del Estado con esta realidad, de ahí, la trascendencia e importancia que tiene esta norma y las que están por venir”.
Según señala un comunicado, el viceconsejero explicó a los presidentes insulares y a los representantes de los diferentes grupos parlamentarios que la norma se ha redactado teniendo muy en cuenta lo expresado por los afectados en todo este tiempo. “La decisión del Gobierno de Canarias ha sido atender y dar respuesta a la voluntad de las personas afectadas de recuperar lo perdido y de volver a sus lugares de origen, rehabilitando, restableciendo o reconstruyendo los bienes, los usos y las actividades que desarrollaban. No se trata de algo meramente individual, sino que persigue rehabilitar las comunidades vecinales que fueron deslocalizadas por la tragedia, el retorno de la población para evitar, en la medida de lo posible, el desarraigo del Valle de Aridane», afirmó Afonso.
Habilitar la mayor recuperación posible de lo perdido
Con respecto a la filosofía que motiva el decreto, Pedro Afonso explicó que el Gobierno ha trabajado en un documento basado en garantizar el derecho a la propiedad privada como elemento fundamental, así como en habilitar la mayor recuperación posible de lo perdido, “que es, ni más ni menos, lo expresado mayoritariamente en estos dos años por las personas damnificadas”.
El viceconsejero también señaló que el decreto busca ese equilibrio necesario entre impulsar la iniciativa de la reconstrucción en manos de las personas, que quieren decidir dónde y cómo quieren vivir, actuando la Administración para facilitar el marco jurídico para poderlo lleva a cabo, y compensando económicamente para que las personas que así lo deseen puedan reconstruir, no solo sus viviendas, sus actividades, sus usos, sino sus proyectos de vida, sin menoscabo de las acciones que las administraciones, en función de sus competencias, tengan que acometer en todos aquellos elementos públicos estructurantes necesarios para la recuperación, como, por ejemplo, infraestructuras y servicios públicos.
Respecto al dictamen del Consejo Consultivo sobre la norma, Afonso informó de que es favorable y reconoce que la Comunidad Autónoma ostenta competencias para regular el objeto del decreto, que aprecia la existencia de extraordinaria y urgente necesidad para dictar el decreto y que su contenido se adecúa a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, así como al ordenamiento jurídico que le es de aplicación.
