La iniciativa de Consumo y las comunidades busca coordinar los registros de autoprohibidos del juego presencial y online. Con ello una persona que no quiera jugar y se haya inscrito en el Ministerio no podrá jugar. No podrá acceder a portales de juego electrónico, de competencia estatal, ni a establecimientos físicos, de competencia autonómica
Consumo y comunidades han llegado a este acuerdo para proteger más a las personas que deciden ser excluidas del juego presencial y online. Además, una persona que se haya inscrito en un registro autonómico no podrá acceder a un establecimiento de juego en su comunidad. Tampoco podrá hacerlo en otra distinta a la suya.
Ese es el acuerdo al que ha llegado el Consejo de Políticas del Juego, órgano de participación y coordinación entre el Estado y las comunidades, a propuesta de la Comisión Sectorial.
Según el Ministerio, el objetivo es que los efectos de la inscripción en uno de los registros se extiendan a todos los demás.
Problemas derivados del juego presencial y online
Cuando alguien detecta algún problema derivado del juego, una de las medidas de protección que existen en España es la inscripción en un registro de autoprohibidos, que bloquea su acceso a esta actividad.
Al darse de alta voluntariamente, la administración y las empresas prohíben la entrada a portales online donde se puede apostar o participar en juegos de azar.
En la actualidad, existe un registro de carácter estatal, el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (Rgiaj). Cada comunidad autónoma posee uno propio.
Más de sesenta mil inscritos
El Rgiaj ha alcanzado ya los 60.000 inscritos, 3.700 más que al inicio de este año, y éstos no pueden acceder al juego online.
Los inscritos en las comunidades no lo pueden hacer a los establecimientos físicos de juego que requieran una identificación previa en las autonomías.
Durante el encuentro que ha mantenido Garzón con los consejeros del ramo, el ministro ha anunciado que el Ministerio someterá a información pública, a partir de mañana, el proyecto de real decreto por el que se regula el desarrollo de entornos más seguro de juego.
