El PP considera que «no son idóneos» porque los considera «enviados del Gobierno» para «colonizar» el TC
El Gobierno designará al magistrado de la Audiencia Nacional y exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la catedrática de Derecho y exdirectora general de Asuntos Constitucionales en el Ministerio de Presidencia, Laura Díez para cubrir dos puestos de magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
El acuerdo será adoptado en la reunión del Consejo de Ministros de este martes, han confirmado fuentes del Gobierno.
Según han adelantado El País y El Confidencial el Ejecutivo ha adoptado esta iniciativa ante el bloqueo desde hace cinco meses en el seno del Consejo General del Poder Judicial para designar a otros dos magistrados cuya elección corresponde al órgano de gobierno de los jueces.
El PP no los ve «idóneos»
El vicesecretario general institucional del PP, Esteban González Pons, ha considerado que el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex directora general de Asuntos Constitucionales Laura Díez «no son idóneos» porque los considera «enviados del Gobierno» para «colonizarlo».
González Pons, quien negoció de forma fallida con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, la renovación de este órgano, ha señalado en una entrevista en Onda Cero su objeción a los dos juristas que la Moncloa ha confirmado que propondrá para el Constitucional.
Al dirigente del PP le parece que son «dos miembros del Gobierno entrando a cumplir una misión en el Tribunal Constitucional, que es salvaguardar la legislación del propio Gobierno». Aunque Campo dejara el cargo de ministro hace año y medio.
Por ello, Pons cree que la Unión Europea «va a reaccionar». Ha advertido de que si son nombrados «tendrán que abstenerse» ambos en las deliberaciones del TC que atañan a las decisiones del Gobierno.
Pons ha dicho que el Gobierno envía a Campo al Constitucional para que sea un «sheriff». Lo que va, a su juicio, en contra de la separación de poderes, porque, ha dicho también, lo envía «como un explorador para colonizar» el tribunal, «haciendo entrismo en otro poder del Estado».
El Gobierno considera que «es impecable jurídicamente»
El Gobierno considera que el nombramiento de los dos magistrados que le corresponde designar en el Tribunal Constitucional sin esperar a los otros dos que tiene que nombrar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es «impecable» jurídicamente.
Desde hace cinco meses está pendiente la renovación de cuatro magistrados de este tribunal (los dos del Gobierno y los dos del CGPJ), pero están bloqueados los que corresponden al órgano de gobierno de los jueces.
El Ejecutivo había barajado hacer el nombramiento de sus dos magistrados cuando caducó el mandato el pasado 12 de junio. Pero prefirió esperar entonces a que el CGPJ hiciera lo propio para que la renovación fuera por tercios.
De esta forma evitaba que la mayoría del Tribunal Constitucional realizara una interpretación de la Constitución que impidiese que se hicieran efectivos los dos nombramientos del Gobierno al entender que deben tramitarse de forma conjunta con los del CGPJ. Pero las fuentes citadas aseguran a Efe que es «impecable» jurídicamente que pueda designar a sus dos magistrados sin esperar al órgano de gobierno de los jueces.
