El archipiélago encabeza el aumento de personas con prestación, reduce en 95 días los tiempos de tramitación y registra uno de los mayores descensos de la espera a nivel nacional
Canarias se sitúa entre las comunidades autónomas que más han mejorado la gestión del sistema de dependencia durante 2026. Así lo refleja el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, publicado este 15 de junio, que destaca al archipiélago por el aumento de beneficiarios, la reducción de los tiempos de tramitación y el descenso de las listas de espera.
Según el informe, Canarias lidera el incremento de personas beneficiarias con prestación, con un crecimiento del 22 % respecto al cierre de 2025. Además, figura entre las comunidades que más aumentan el número de personas con derecho reconocido, con una subida del 9,1 %.
Menos espera y más expedientes resueltos
El Observatorio también señala que Canarias es la comunidad autónoma que más ha reducido los tiempos de tramitación durante los primeros meses del año. En concreto, el sistema ha logrado rebajar en 95 días el tiempo de espera, al tiempo que registra una de las mayores reducciones de la lista de espera del país, con un descenso del 20,7 %.
Estos indicadores reflejan la aceleración experimentada por el sistema canario de dependencia durante el último año y consolidan una tendencia de mejora en la incorporación de nuevas personas beneficiarias y en la resolución de expedientes. Aunque persisten desafíos derivados de problemas estructurales acumulados durante años, Canarias ya no aparece entre las comunidades con peor evolución.
La espera media se sitúa actualmente en 335 días, lo que supone una reducción de 90 días en apenas cinco meses. Aunque esta cifra continúa por encima de la media estatal, fijada en 320 días, y del plazo legal de 180 días, los datos muestran una evolución favorable.
Además, el tiempo medio entre una nueva solicitud y su resolución ronda los 152 días, mientras que la estadística global sigue condicionada por expedientes antiguos especialmente complejos que continúan en proceso de tramitación.
La reducción del denominado limbo de la dependencia
El informe recuerda que en dependencia existen distintas fases administrativas y no una única lista de espera. En este contexto, el balance más reciente confirma una reducción global del 20,7 % en el número de personas pendientes.
Asimismo, destaca que un porcentaje muy elevado de las personas que permanecen en el denominado limbo de la dependencia se encuentra en esa situación por causas ajenas a la Administración, según reconoce expresamente el Imserso.
El reto de convertir los derechos en atención efectiva
El objetivo actual del sistema no pasa únicamente por reconocer derechos con mayor rapidez, sino por garantizar que esos derechos se traduzcan cuanto antes en servicios, prestaciones y apoyos efectivos para las personas dependientes y sus familias.
Con ese propósito, el Gobierno de Canarias ha impulsado diversas medidas estructurales destinadas a reducir los tiempos de acceso a la atención y mejorar la capacidad de respuesta del sistema.
Entre ellas destaca la puesta en marcha, el pasado 1 de mayo, del nuevo sistema público territorializado del Servicio de Ayuda a Domicilio especializado (SAD). Esta prestación busca responder a una de las principales necesidades de la dependencia: transformar el derecho reconocido en atención real dentro del hogar.
El servicio ofrece apoyos adaptados a las necesidades de cada persona dependiente y amplía la capacidad de atención en todas las islas. Además, contribuye a reducir la presión sobre otros recursos asistenciales, especialmente los residenciales, y facilita que muchas personas puedan permanecer en su entorno habitual.
Teleasistencia avanzada y nuevas prestaciones
Otra de las actuaciones impulsadas por el Ejecutivo autonómico ha sido la implantación de un nuevo servicio de teleasistencia avanzada, acompañado del despliegue de dispositivos tecnológicos en los hogares.
Este modelo incorpora sensores inteligentes, dispositivos domiciliarios, tecnología móvil, monitorización de hábitos y sistemas de respuesta ante situaciones de riesgo. La iniciativa pretende reforzar la seguridad, la autonomía y la calidad de vida de las personas dependientes, además de ampliar la capacidad de atención del sistema en todo el territorio.
La medida también se integra en la estrategia de desinstitucionalización impulsada por Canarias, que apuesta por favorecer la permanencia de las personas en sus hogares mediante apoyos tecnológicos y seguimiento profesional.
A estas actuaciones se suma la reciente reforma normativa aprobada por el Gobierno de Canarias para completar el sistema de prestaciones, regular la prestación económica de asistencia personal y actualizar el régimen de compatibilidades e incompatibilidades.
La reforma incorpora una mayor flexibilidad para combinar apoyos y prestaciones, facilita respuestas más adaptadas a las necesidades individuales y mejora la atención en situaciones complejas. Además, regula la asistencia personal, una medida que ya ha impulsado la formación de cerca de 400 profesionales acreditados, y actualiza las cuantías máximas autonómicas para reforzar la atención domiciliaria.
Caen los fallecimientos de personas pendientes de atención
El informe también refleja una mejora en uno de los indicadores más sensibles del sistema: los fallecimientos de personas que permanecían pendientes de atención.
Los datos muestran una tendencia descendente durante los últimos años. Mientras que en 2022 se registraron aproximadamente 6.700 fallecimientos y en 2023 alrededor de 6.500, la cifra bajó hasta 2.489 en 2024 y 2.202 en 2025.
Durante los cinco primeros meses de 2026 se contabilizan 360 fallecimientos. Si se mantiene esta evolución durante el resto del año, la cifra anual se situaría en torno a 864 personas, lo que evidencia una mejora progresiva en la capacidad de respuesta del sistema.
Consolidar la tendencia
El informe del Observatorio Estatal para la Dependencia concluye que Canarias avanza de forma decidida en la transformación de su sistema de atención a la dependencia, con mejoras en la incorporación de beneficiarios, la reducción de las listas de espera y la agilización de los procedimientos.
El reto pasa ahora por consolidar esta evolución, seguir reduciendo los tiempos de espera y garantizar que cada derecho reconocido se convierta en una atención efectiva para las personas que más lo necesitan.
