La alcaldesa Onalia Bueno reclama una regulación equiparada a hoteles, apartamentos y alquileres tradicionales, mientras la Fecam denuncia la falta de un marco claro para las actividades clasificadas
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha pedido al Gobierno de Canarias modificar la nueva ley del alquiler vacacional para equiparar esta actividad a la hotelera o al alquiler convencional. Bueno afirmó que el Ejecutivo regional ignoró la petición de la Fecam, que solicitó un decálogo específico de requisitos para esta modalidad turística.
La regidora lamentó que el Gobierno someta la vivienda vacacional a la Ley de Actividades Clasificadas, aplicable a hoteles y apartamentos por su posible impacto ambiental. Sostiene que esta decisión contradice la regulación aprobada la semana pasada, aprobada sin consenso en el Parlamento canario.
«Una norma que penaliza al sector»
Bueno acusó al Ejecutivo de ofrecer “café para todos” con una ley que no figuraba en los programas de CC ni del PP. También criticó que la norma prohíba heredar el título de vivienda vacacional, medida que calificó como “meter la guillotina” a un sector que el propio Gobierno impulsó.
La alcaldesa recordó que la actual consejera de Turismo, Jessica de León, concedió miles de autorizaciones en la legislatura pasada desde el Cabildo de Fuerteventura. Señaló que esa expansión, promovida entonces, contrasta ahora con una regulación que pone en riesgo la continuidad del sector en municipios turísticos como Mogán.
Los ayuntamientos alertan de riesgos interpretativos
La Federación Canaria de Municipios también ha expresado su máxima preocupación y rechazo absoluto a la aprobación de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas sin un marco regulador claro para las actividades clasificadas. La organización valoró las mejoras del texto, pero avisó de que la falta de una regulación específica mantiene un problema grave para los ayuntamientos.
La Fecam advirtió que este vacío normativo genera riesgos interpretativos que el Gobierno debe resolver con un decreto u orden precisa. La Federación pidió que no se traslade a los alcaldes la responsabilidad de retirar títulos habilitantes a sus vecinos, algo que considera injusto y políticamente inviable.
Solicitud de suspensión cautelar
La Comisión de Turismo señaló que el problema ya afecta a los municipios turísticos, donde crecen las tensiones sociales por la falta de claridad legal. Los alcaldes temen que la norma les obligue a retirar licencias a pequeños propietarios que dependen de los ingresos del alquiler vacacional.
La Fecam acordó elevar un pronunciamiento contra la aprobación de la ley sin un marco normativo claro, dirigido al Gobierno y al Parlamento de Canarias. El organismo reclamó un decreto urgente que establezca un decálogo preciso de requisitos para aplicar el régimen de actividades clasificadas a las viviendas vacacionales.
La Federación exigió al Ejecutivo una medida urgente para suspender los plazos de consolidación de la vivienda vacacional hasta que se apruebe el decreto regulador. También insistió en que las leyes que afectan al municipalismo deben garantizar seguridad jurídica y permitir una aplicación eficaz en la gestión diaria de los ayuntamientos.
