La exinterventora general de Canarias, Natalia de Luis, ha indicado este lunes que el procedimiento de contratación de un millón de mascarillas a la empresa RR7 por 4 millones de euros, «no fue el adecuado» desde el punto de vista administrativo
De Luis ha indicado también que resulta «discutible» que una vez resuelto el contrato con RR7 ante el incumplimiento de su compromiso «se reactivara» el mismo. Pero si a partir de ahí, ha proseguido, «hay otro tipo de responsabilidades, corresponde a la vía judicial determinarlo«.
Preguntada por el informe de la Audiencia de Cuentas de 2022, ha reconocido que se lo ha leído pero se ha reservado su opinión sobre el mismo, y ha añadido que «sería interesante valorar, informarse», sobre otros informes como el del Tribunal de Cuentas o el Europeo.
No apreció la Intervención general «indicios de delito»
Respecto a si tenía potestad de informar negativamente o de poner reparos a algunos procedimientos de contratación, ha subrayado que los contratos de emergencia no se someten a un procedimiento de fiscalización previa a la autorización del gasto.
Ha subrayado que el seguimiento que realizó la Intervención general sobre los contratos de 2020 fue ‘a posteriori’, a partir de enero de 2021, analizando la ejecución del gasto desde el punto de vista de su efectividad, y que entonces constaba que el contrato con RR7 se había resuelto.
No apreció la Intervención general «indicios de delito», sino que fue la Audiencia de Cuentas, el órgano que lo hizo y lo elevó a Fiscalía.
Solo se concluyó que el contrato con RR7 no estaba justificado, a diferencia de los formalizados con Soluciones de Gestión, con independencia de «lo que hubiera detrás» de los mismos, algo que desconoce ni le corresponde a la Intervención general determinarlo.
En todo caso, ha indicado que las deficiencias detectadas por la Intervención en los expedientes de ambas empresas no daba lugar a la nulidad de los contratos.
«Hay cosas que se pudieron hacer mejor, seguramente»
Natalia de Luis ha recalcado que «una cosa» es analizar los contratos de emergencia en el contexto actual y otra si se tienen en cuenta el contexto de «incertidumbre» y de necesidad en la peor época de la pandemia, donde «no había mercado» de material sanitario en Europa y había que acudir a China.
Es más, ha recordado que las intervenciones de las comunidades autónomas mantenían entonces reuniones periódicas con la española y la europea porque existían muchas dudas al respecto, y que ahora, «a toro pasado», se puede concluir que «hay cosas que se pudieron hacer mejor, seguramente».
Autorización extraordinaria
Preguntada por los fraccionamientos de los contratos, ha señalado que en los de emergencia esta figura no existe, pues «hay ausencia de procedimiento«.
En cuanto a la falta de capacidad o solvencia de algunas empresas a las que recurrió la administración para proveerse de material sanitario, ha recordado que la Agencia Española del Medicamento tuvo que sacar una autorización extraordinaria para permitir a aquellas ajenas a este ámbito para importar el mismo.
Y como quiera que todo ese material estaba en China, «no se trataba de comprar a los fabricantes, sino a intermediarios» con contactos y con capacidad de anticipar el dinero para participar en «subastas», razón por la que los precios «se dispararon».
La Comisión Europea había modificado una directiva para permitir los pagos anticipados
Respecto a los pagos anticipados a empresas proveedoras de material sanitario, ha rememorado que la Comisión Europea modificó una directiva mediante la cual se permitía esta práctica «asumiendo el riesgo de incumplimiento» la administración contratante.
En el caso de Canarias, ha señalado que el abono por adelantado «no es una novedad», aunque solo se permite el anticipo parcial.
«Otra cosa», ha continuado, «es que la empresa no cumpla y haya que resolver el contrato y hacer las actuaciones que haya que hacer», como reclamar las cantidades pagadas.
Y en este punto ha insistido en que «es discutible» que una vez resuelto el contrato con RR7 «se reactivara»; es más, «no se tenía que haber modificado» sino resuelto «desde el primer momento y hacer las reclamaciones que se debían».
Había tres vías para solicitar material sanitario
Preguntada por si el comité de emergencia realizaba pedidos de material sanitario, Natalia de Luis ha dicho desconocer la operativa interna, o si aquel «daba instrucciones directas».
Ha añadido que había tres vías: las centralizadas a través del Estado; la Dirección General de Recursos Económicos de Sanidad; y las propias de las gerencias sanitarias.
Respecto a las discrepancias expresadas por el exinterventor del SCS, ha señalado que no le consta que se las trasladara por escrito ni que esta cuestión se debatiera internamente.
Por lo demás, ha indicado que los informes de control financiero permanente los realiza la Intervención general al año siguiente del ejercicio analizado por cuanto «hay un problema fundamental, un problema de medios».
