En una nueva sesión del juicio por el caso Fundescan se investiga un presunto fraude de más de 800.000 euros en UGT Canarias
Este miércoles se celebró una nueva sesión del juicio por el conocido caso Fundescan, que analiza un presunto fraude en la gestión de subvenciones públicas por parte de la fundación vinculada a UGT Canarias. En el banquillo se sientan 13 personas relacionadas con el sindicato, que se enfrentan a penas de prisión que van desde un año hasta los 16 años, en función del grado de implicación.
La causa judicial se centra en la presunta desviación de más de 800.000 euros en subvenciones concedidas por el Gobierno de Canarias entre los años 2006 y 2010 para la organización de cursos de formación. Según la acusación particular, representada por el propio Ejecutivo autonómico, UGT habría solicitado fondos al Servicio Canario de Empleo (SCE) y posteriormente subcontratado a la fundación Fundescan para impartir los cursos, desviando parte del dinero para financiar gastos internos del sindicato.
En la sesión de hoy declaró una funcionaria del SCE, señalada como la persona que descubrió las supuestas irregularidades. Su testimonio ha sido clave, ya que identificó las prácticas que, a juicio de la acusación, evidencian un entramado fraudulento.
Defensa
Por su parte, la defensa sostiene que UGT Canarias ya devolvió la totalidad de las subvenciones y niega cualquier intención de fraude, asegurando que el sindicato utilizó los fondos según los fines previstos.
