Nuevas tarifas de agua en Las Palmas de Gran Canaria

El ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria quiere modificar las actuales tarifas del agua eliminando el consumo mínimo obligatorio

Las nuevas tarifas del agua que regirán en Las Palmas de Gran Canaria cuando la Comisión de Precios de Canarias dé su visto bueno a la ordenanza de saneamiento y vertido eliminarán el mínimo obligatorio de 10 metros cúbicos. Además se determinarán precios en función del tipo de usuario y del nivel de consumo de cada abonado.

Vídeo RTVC. Declaraciones de Francisco Hernández Spinola | Concejal de Hacienda Ayuntamiento de Las palmas Gran Canaria y Carolina Darias | Alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria

El actual mínimo obligatorio vigente de diez mil litros hace que unas 250 mil personas «paguen más agua de la que consumen y 32 mil personas paguen sin consumir nada», ha explicad el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola.

Esta es la «justicia social» que el grupo de gobierno que lidera Carolina Darias ha querido implantar en las nuevas normas reguladoras del ciclo integral del agua de la capital grancanaria, para garantizar que su acceso sea «un derecho humano».

El nuevo sistema tarifario tendrá un bono social

Desde que entre en vigor el nuevo sistema tarifario que incorpora un bono social para personas en situación de exclusión social, el 80% «pagará lo mismo o menos», según afirman las fuentes municipales. Además desaparecerá el coste mínimo obligatorio bimensual, que también pagan ahora viviendas vacías y segundas viviendas aunque no consuman, y se distinguirá entre seis tipos de usuarios.

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Además, la nueva tarifa será variable teniendo en cuenta cuatro tramos de metros cúbicos utilizados. Así dejará de aplicarse, como se hace ahora, la misma tarifa a un hotel y a un usuario doméstico, y se tendrá en cuenta una progresividad que distinguirá a estos últimos de los comercios, las industrias, los establecimientos hoteleros y las viviendas vacacionales, las obras y los centros oficiales.

El alcantarillado correrá a cargo del usuario

También se fijan tarifas por tramos de consumo y número de miembros de cada hogar: de 0 a 7 metros cúbicos, de 8 a 14, de 14 a 22, el más habitual y al que se cargará, a partir de 2026, un euro bimensual adicional, y más de 22 metros cúbicos.

Darias ha subrayado que con esta actualización de tarifas se pretende incentivar el consumo razonable y penalizar el derroche, además de garantizar que se pague por el agua que se consume y que quien contamine, pague más.

En el nuevo recibo del agua de abasto de Las Palmas de Gran Canaria se incorporará al abastecimiento y depuración del alcantarillado que pasará a cargarse al usuario, tal y como establece la directiva europea.

No obstante, el área de Bienestar Social determinará los criterios por los que se podrá solicitar el nuevo bono social, como el que se aplica al IBI y del que se benefician el 99 % de las familias de la ciudad, tal y como ha resaltado Darias.

El objetivo es incentivar el consumo razonable de agua

Además de adaptar a la realidad el reglamento del servicio de abastecimiento, vigente desde 1981, la junta de gobierno local ha aprobado este jueves el primer reglamento de saneamiento y vertidos de Las Palmas de Gran Canaria.

Además de distinguir entre los mismos seis tipos de usuarios, este reglamento establece infracciones que pueden ser castigadas con entre 20 y los 1.800 euros de multa, una cuantía máxima que podrá incrementarse en función del impacto en la salud pública que tenga el incumplimiento.

Según Medina, esta nueva norma garantiza la evacuación y tratamiento de las aguas residuales a la depuradora de Barranco Seco, regula la prohibición del vertido y establece el principio de que quien contamina paga.

Así, este reglamento obligará a las nuevas edificaciones a contar con dos medios de saneamiento independientes, pluviales y residuales, al que se sumará un tercero, el de proceso, en el caso de las industriales.

Estas nuevas normas se someterán ahora a exposición pública, luego tendrán que recibir la aprobación definitiva por parte del pleno municipal y, posteriormente, el visto bueno de la Comisión de Precios de Canarias, por lo que se desconoce aún cuándo podrán entrar en vigor. 

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