En el desglose que realiza el órgano de gobierno de los jueces consta que Andalucía acumuló el mayor número de personas acusadas de corrupción

Los jueces y juezas españoles enviaron a juicio a 108 personas físicas y 38 personas jurídicas por corrupción al concluir un total de 35 causas en 2024.En concreto, frente a las 185 personas físicas y las 71 personas jurídicas procesadas en 2023. Según informó este viernes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En el desglose que realiza el órgano de gobierno de los jueces consta que Andalucía acumuló el mayor número de personas físicas y jurídicas acusadas: 70 en 12 procedimientos. Le sigue la Comunidad Valenciana, con 26 procesados en cinco causas. Y, en tercer lugar, Cataluña, que registró 17 personas físicas y jurídicas enviadas a juicio en el marco de dos procedimientos penales.
Juicio por corrupción
En Madrid figuran nueve personas físicas y jurídicas procesadas en un total de tres procedimientos. En la Región de Murcia, por su parte, constan cinco procesados en cuatro causas, mientras que en Castilla y León fueron cinco acusados en dos procedimientos.

Además, se registraron tres procesados en una causa en Canarias; dos enviados a juicio en Aragón en dos procedimientos; y dos personas físicas y jurídicas acusadas en un caso de la Audiencia Nacional.
En cambio, ninguna persona fue procesada a lo largo de todo el año pasado por delitos de corrupción en Baleres.
Consejo General del Poder Judicial
Entre los datos facilitados por el CGPJ también se incluye el número de sentencias dictadas, que en 2024 alcanzó las 51: 30 fueron condenatorias y 21, absolutorias, lo que supone que el fallo fue condenatorio en el 58,82% de los casos.
Desde el órgano de gobierno de los jueces precisan que entre las sentencias condenatorias, 12 han sido por conformidad, 12 sin conformidad y seis parcialmente condenatorias.
Corrupción pública
Según explica el CGPJ, la información que ofrece el repositorio corresponde a la denominada corrupción pública. Entendiendo por todo ello, que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía.
De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.