La procesada ha devuelto 5.000 euros a la empresa afectada, la cual ha tenido que asumir el pago total del dinero sustraído frente a los propietarios
La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha solicitado una pena de cuatro años y seis meses de prisión para una oficial administrativa acusada de un delito de apropiación indebida por desviar un total de 63.589,62 euros de varias comunidades de propietarios en Las Palmas de Gran Canaria.
Según el escrito del ministerio fiscal, la acusada llegó a realizar un total de 31 transferencias desde las cuentas de las comunidades a sus cuentas personales entre junio de 2023 y septiembre de 2024.
Edificios afectados
Este sentido, la mujer habría aprovechado su puesto en una empresa para transferir los fondos a tres cuentas bancarias de su propiedad, colocando como concepto de los movimientos el nombre de empresas que prestaban servicios habituales a los edificios afectados para evitar ser descubierta, lo cual logró hasta después de ser despedida.
Por su parte, la procesada ha devuelto 5.000 euros a la empresa afectada, la cual ha tenido que asumir el pago total del dinero sustraído frente a los propietarios.
Comisión de apertura
Para afrontar este desembolso, la firma ha tenido que solicitar un préstamo de 40.000 euros, operación que ha generado 6.009,08 euros en intereses y 200 euros en concepto de comisión de apertura.
Por todo ello, la Fiscalía reclama que la acusada indemnice a la entidad con 69.798,70 euros por la responsabilidad civil, calificando los hechos como un delito de apropiación indebida y solicitando, además de la pena de cárcel, una multa de diez meses con una cuota diaria de 20 euros.
