Estos colectivos denuncian que el Parque Nacional del Teide, símbolo de Canarias y Patrimonio Mundial por la UNESCO, está «en peligro de convertirse en un espacio de turismo masivo»
Una petición iniciada hace dos semanas por colectivos ecologistas en la plataforma ciudadana ‘Change.org’ recoge, por ahora, unas 2073 firmas que piden paralizar la tramitación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Teide, solicitando, además, su revisión «integral», para incorporar criterios científicos, técnicos y jurídicos acordes con la finalidad esencial de conservación del Parque.
Conservación de la Biodiversidad
Los firmantes de la petición son la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC), la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), la Coordinadora el Rincón (CEREA), la Fundación Canaria Telesforo Bravo – Juan Coello, así como los clubes y asociaciones deportivas C.D. Laister Sport, C.D. The Anaga Zombie, C.D. de Montaña Vantrail y C.D. Guagüeros.
En concreto, estos colectivos denuncian que el Parque Nacional del Teide, símbolo de Canarias y Patrimonio Mundial por la UNESCO, está «en peligro de convertirse en un espacio de turismo masivo y explotación comercial sin límites». Es decir, al relegar la conservación «a un plano secundario». En ese sentido, explican, las medidas previstas en el nuevo plan de gestión del Parque Nacional abre la puerta a «una degradación irreversible» en valores biológicos, geológicos, culturales y paisajísticos que han hecho del Teide un lugar «único».
Parques Nacionales
A su juicio, el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) , promovido por el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, supone una «grave regresión» en materia de conservación e «incumple» los principios básicos de la legislación de Parques Nacionales.
Asimismo, según argumentan, no establecería unos mínimos de vigilancia ambiental ni medidas concretas para controlar el número de visitantes, a pesar de la «masificación turística» que ya sufre.
«La saturación turística dificulta el uso y disfrute sostenible de los canarios de uno de sus principales espacios naturales. Además, el documento vulnera la obligación legal de transparencia, información pública y audiencia, negando a los canarios el derecho a decidir sobre su patrimonio natural», han añadido los colectivos.
