El consejero José Antonio Valbuena asegura en el Parlamento que no habrá Plan Rector de Uso y Gestión del Teide sin consenso
El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, ha asegurado este miércoles en el pleno del Parlamento de Canarias que hay disposición «plena» para llegar al consenso en el plan de uso y gestión del Parque Nacional del Teide.
Esta ha sido la respuesta que el consejero ha dado a una pregunta de la diputada del grupo Nacionalista Rosa Dávila, acerca de su predisposición para atender las alegaciones de los colectivos que consideran excesivas las limitaciones que establece el documento de revisión del plan rector de uso y gestión.
José Antonio Valbuena ha dicho que la premisa es llegar a acuerdos tanto con los colectivos como con las personas y las administraciones afectadas. Ha insistido en que el plan no será debatido en el Consejo del Gobierno de Canarias hasta que no haya acuerdo, como, ha añadido, se hizo con las leyes de Cambio Climático y de Biodiversidad.
Ahora se inician las negociaciones
Al documento inicial se han presentado alegaciones y ahora se inician las negociaciones, de modo que el texto final será diferente, ha apuntado el consejero. Ha subrayado que se trata de llegar a un acuerdo con las personas realmente interesadas.
Rosa Dávila ha agradecido las palabras de José Antonio Valbuena, y durante su intervención se ha referido a que debe haber un equilibrio entre la conservación y los usos del parque nacional del Teide tanto por parte de montañeros como de escaladores, apicultores y empresas de turismo activo. La diputada del grupo Nacionalista instó al consejero a paralizar el proceso para buscar el consenso.
Vanoostende dice que se trabaja en un plan de inversiones para las cofradías
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, ha reconocido que es preciso un plan de inversiones para las cofradías de pescadores, y por ello, ha añadido, se trabaja en ello para que tengan futuro.
En comparecencia parlamentaria a petición del grupo Popular para hablar de un plan de inversiones de las cofradías de pescadores, Alicia Vanoostende ha señalado que en las islas hay veintisiete cofradías que ofrecen multitud de servicios. Desde varada hasta suministros de hielo y gasoil, tareas administrativas y atención en puntos de venta.
Alicia Vanoostende ha dicho que cuando llegaron al gobierno no había un plan y las cofradías carecían de seguridad jurídica y de títulos habilitantes de las zonas que ocupan, y ahora se trabaja para que haya planificación. La consejera ha reconocido que las cofradías de pescadores son fundamentales para el sector. Ha aseverado que por ello el gobierno regional les apoya desde el inicio de la legislatura y ha mejorado las subvenciones que recibían.
«Algunas cofradías están en situación precaria»
Alicia Vanoostende ha asegurado que el diálogo es constante para poder dar un futuro a las cofradías de pescadores. Ha admitido que hasta ahora se han hecho mejoras pero no hay un plan, y ha reconocido que algunas están en situación precaria. La consejera ha manifestado que como se necesita un plan para que sean autosuficientes siete técnicos trabajan en un diagnóstico. Con la finalidad de determinar su situación y hacer una planificación negociada.
El diputado del grupo Popular, José Manuel Casañas, ha insistido en que el sector pesquero pide planificación y la consejera habla de inversiones en equipamiento y ayudas para gastos de funcionamiento en lugar de un plan en el que se determine la necesidad de cada cofradía. Un plan que dote a las cofradías de autonomía y seguridad jurídica ha reclamado José Manuel Casañas, quien ha comentado que algunas cofradías no pueden dar servicios.
«El problema es el capitalismo salvaje»
El diputado de Sí Podemos Canarias Francisco Déniz ha comentado que el problema es del tipo de capitalismo salvaje que prima en la sociedad, de forma que el monopolio condiciona hasta la cuota de atún, y ha cuestionado que en Canarias se consuma más pescado congelado que fresco.
El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, se ha mostrado de acuerdo en que el sector de la pesca necesita planificación en el medio y el largo plazo. El diputado del grupo Nacionalista Mario Cabrera ha dicho que «menos mal» que los titulares de las cofradías están faenando porque de escuchar lo que ha dicho la consejera «no darían crédito» a lo que dicen los grupos que apoyan al ejecutivo canario. La diputada del grupo Socialista Ventura del Carmen Rodríguez, ha considerado que no hace falta ser tan catastrofista aunque la situación no sea buen. Ha asegurado que el gobierno regional ha tomado medidas para que tengan menos costes.
Ingreso mínimo hasta 25 años para jóvenes extutelados
El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad instar a que se modifique el decreto del ingreso mínimo vital para que puedan ser beneficiarios entre los 18 y los 25 años los jóvenes que han sido tutelados por la administración pública mientras eran menores de edad.
La propuesta parte de una proposición no de ley promovida por la diputada del grupo Socialista Teresa Cruz. Ha advertido que actualmente en Canarias hay 1.600 niños y niñas sometidos a tutela por la administración. Por lo tanto, «desarraigados de sus familias» pero que cuentan con el compromiso de todos los municipios canarios.
Teresa Cruz ha indicado que ha sido testigo de cómo estos jóvenes ponen todo su esfuerzo, coraje y valentía para sobrevivir después de alcanzar la mayoría de edad, cuando ya dejan de ser tutelados y son puestos en la calle, lo que les conduce a la pobreza, el consumo de drogas y la explotación sexual, sobre todo en el caso de las chicas.
Ley del Menor
En la ley autonómica de Atención Integral del Menor no se tiene prevista ninguna cobertura para los extutelados. La falta de actualización de este marco legislativo de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia realizada en 2015 «deja en una situación de vulnerabilidad» a estos jóvenes, ha añadido. A pesar de esta carencia de una normativa territorial que genere un marco de protección a los jóvenes extutelados, Teresa Cruz ha señalado que el Gobierno de Canarias contempla en los presupuestos de 2022, por primera vez, una partida específica para estas personas.
Asimismo, algunos cabildos insulares, conscientes de las dificultades y barreras que ha de afrontar este colectivo por su prematura emancipación, han impulsado una red de pisos tutelados que permite cubrir una de las necesidades básicas de estos jóvenes. Sin embargo, los pisos tutelados promovidos desde las administraciones públicas están, en su mayoría, condicionados a la inserción laboral de los usuarios de esos recursos sociales. Esta circunstancia genera una situación de desventaja social en relación con los chicos y chicas que cumplen la mayoría de edad en un entorno familiar.
Según el último informe de la Estadística Básica de Protección, a 31 de diciembre de 2019, en Canarias hay 1.804 menores con una medida de protección. De ellos 373 tenían una medida de acogimiento residencial entre los 15 y 17 años.
PP y Cs critican que se aumente la dotación para ley de memoria histórica
También el pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una proposición no de ley en la que se pide llevar a cabo actuaciones para el efectivo desarrollo de la ley de memoria histórica de Canarias, con la abstención del PP y Ciudadanos, que han criticado que se quiere aumentar la dotación económica.
La proposición no de ley, en la que también se pide llevar a cabo cuantas acciones sean necesarias para el reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, ha sido presentada por Sí Podemos Canarias, defendida por Manuel Marrero, y ha contado con los votos a favor del resto de diputados.
La intervención más crítica ha sido la de la diputada del grupo Popular Astrid Pérez, quien ha comentado que al principio su formación pensó en presentar enmiendas, pero decidió no hacerlo para no contribuir a crear cortinas de humo para desviar la atención de la cruda realidad que se vive en España.
Ha asegurado que en esta propuestas se plantea crear un organismo, incrementar el dinero público para la memoria democrática, y ha reconocido que entre 1936 y 1975, fecha de fallecimiento del dictador Franco, en España se vivió una época negra.
Un «insulto» dar más dinero público, para el PP
Pero, ha añadido Astrid Pérez, «con la que está cayendo en Canarias», con una «desbocada» inflación, subida generalizada de los precios, aumento de la pobreza, subida de impuestos y el desprecio a los dependientes y discapacitados, es un «insulto» que se pretenda dar más dinero público pero no se pida para subir las pensiones.
La diputada del grupo Popular ha dicho que desde que gobierna la izquierda cada día se es «más pobre» en la comunidad autónoma, y ha agregado que no se pide para ayudas sociales ni para camas sociosanitarias. Por ello, ha subrayado, «no vamos a entrar en un discurso ideológico del siglo pasado», por lo que van a trabajar «sólo para aumentar y mejorar los índices del Estado del bienestar, que, dicho sea de paso, desde que gobiernan Pedro Sánchez y su alumno aventajado Ángel Víctor Torres, está muriendo». Astrid Pérez se ha mostrado de acuerdo en actualizar el mapa de fosas y en el registro de personas desaparecidas, pero «en ningún caso» con el incremento planteado en esta proposición no de ley.
El diputado del grupo Mixto Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, ha insistido en que la memoria histórica debe aplicarse desde la objetividad, y con el objetivo de crear un futuro mejor y más lleno de libertades, y ha explicado que su abstención se debe a que en la propuesta de Podemos se mezclan cuestiones que deberían ser tratadas en distintas propuestas.
Jesús Ramos, de Agrupación Socialista Gomera, ha dado su apoyo a la propuesta y ha pedido al gobierno regional que en el desarrollo de la ley de memoria histórica de Canarias se impulse la recuperación de los cuerpos de los asesinados durante el franquismo.
«No se puede olvidar a quienes lucharon por la libertad»
El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, ha criticado a quienes dicen que no es bueno sacar de las cunetas a quienes fueron asesinados porque se debe a que no tienen familiares en esa situación, y ha subrayado que nunca se puede olvidar a quienes lucharon por la libertad.
La diputada del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Socorro Beato ha dado su apoyo a la propuesta para mejorar una ley de todos, que el anterior grupo de gobierno dotó económicamente, y se ha planteado que esta proposición no de ley es una enmienda a lo que hace el actual ejecutivo canario.
La diputada del grupo Socialista Matilde Fleitas «ha renegado del odio» de Astrid Pérez, y ha elogiado el trabajo que se hace en pro de la memoria histórica en las islas.
Presupuesto, personal y espacio físico
Entre las medidas a llevar a cabo con esta propuesta se proponen dotar con presupuesto suficiente las necesidades económicas para lograr los fines previstos en la estrategia anual para la memoria histórica de Canarias, y dar personal y espacio físico de referencia, adscritos a la consejería competente. También se solicita al gobierno regional impulsar el centro virtual documental de la memoria histórica de Canarias, de manera que se acometa acopio y digitalización de los recursos, y avanzar en las actuaciones de la Administración pública de Canarias en materia de memoria histórica.
La Cámara propone una entrevista de contenido canario a opositores educación
El Parlamento también ha acordado por unanimidad pedir al Gobierno autonómico que en el concurso de méritos para estabilizar a docentes se incluya una entrevista personal sobre Historia y Geografía de Canarias con el objetivo de evitar una posible «avalancha» de opositores de otras comunidades.
Esta propuesta ha partido de una proposición no de ley del grupo Popular defendida por la diputada Lorena Hernández, quien ha aceptado una enmienda conjunta de Agrupación Socialista Gomera, Sí Podemos y PSOE para proponer al Gobierno que se coordine con el resto de comunidades autónomas para hacer coincidir las pruebas «en tiempo y forma».
El objetivo es que una prueba que exija la presencia física y un mínimo de conocimiento de contenidos canarios disuada «el efecto llamada» a opositores de otras comunidades autónomas, lo que puede impedir proporcionar la estabilidad a más de 4.300 docentes canarios, ha subrayado Lorena Hernández.
