Las personas puestas en libertad han seguido criterios humanitarios, como las madres con niños pequeños, mayores de más de 65 años y otros con enfermedades
La Policía Federal de Brasil ha puesto en libertad este martes a cerca de 600 personas acusadas de participar en los actos antidemocráticos del domingo.
Todos ellos fueron detenidos tras el desalojo del campamento que por más de dos meses estuvo instalado a las puertas del cuartel general del Ejército, en Brasilia. Allí, los acólitos de Jair Bolsonaro reclamaron durante todo ese tiempo un golpe de Estado y el domingo acudieron a la plaza de los Tres Poderes donde perpetraron el asalto a la democracia que tanto habían estado reclamando.
Más de 1.200 personas se subieron a medio centenar de autobuses para que desalojaran dicho campamento después de la orden dada por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien decretó la prisión provisional de todos ellos.
De este modo, la Policía Federal puso en libertad a cerca de la mitad de los detenidos amparándose en razones humanitarias tras diversos interrogatorios. El resto de quienes no encajaban en los criterios de edad y enfermedades se trasladaron a dependencias médicas para luego seguir a la cárcel.
Se identificaron una quincena de delitos relacionados con los asaltos
El lunes, los seguidores de Bolsonaro desmantelaron los campamentos que habían levantado en varias ciudades de todo el país disgustados con el triunfo en las urnas de Luiz Inácio Lula da Silva el pasado 30 de octubre.
Además de aquellas 1.200 personas presas tras el desalojo, otras 300 lo fueron cuando participaban en los actos antidemocráticos del domingo, cuando miles de ellos asaltaron la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo.
La Policía informó que se han identificado al menos una quincena de delitos relacionados con estos hechos, entre ellos los de golpe de Estado, lesiones, desórdenes públicos, destrozos de bienes públicos, posesión de armas y robo.
