El Ministerio Público de Tribunal Supremo ha emitido un comunicado en el que confirma la información publicada este viernes por «El Mundo»
La Fiscalía del Tribunal Supremo espera un informe de las autoridades suizas que confirme o descarte «indicios de criminalidad» en una investigación abierta contra el Rey emérito Juan Carlos I.
El Ministerio Público ha confirmado así la información del diario «El Mundo» en la que se señala que Juan Carlos I cobró presuntas «comisiones y otras prestaciones» negocios internacionales.
La Fiscalía tiene abiertas tres diligencias de investigación referidas al rey emérito: una por el cobro de 65 millones de euros por presuntas comisiones de las obras del tren de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia Saudí), otra sobre si recibió donaciones no declaradas y una tercera respecto de si ocultó fondos en paraísos fiscales.
Simultáneamente, Hacienda inspecciona las dos regularizaciones fiscales cumplimentadas por Juan Carlos.
«El Mundo» señala que la Fiscalía del Tribunal Supremo dispone de «elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación» tienen, entre otras, la referida procedencia ilícita.
En este sentido, añade, investiga la posible comisión de delitos de «blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.
El rotativo madrileño ha tenido acceso a la comisión rogatoria librada por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos.
El rey Juan Carlos I permanece desde hace un año Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) tras irse de España por sus presuntos negocios irregulares en el extranjero.
La Fiscalía del Tribunal Supremo sigue investigando por si pudo cometer algún delito, una vez que dejó de ser inviolable cuando abdicó en junio de 2014.
Defensa de Juan Carlos I
La defensa del rey Juan Carlos ha denunciado este viernes que las imputaciones contenidas en la comunicación de la Fiscalía se realizan «sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación».
En un comunicado, el abogado Javier Sánchez-Junco afirma que tales afirmaciones «conculcan de manera evidente el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano», ya que se traslada a la opinión pública «valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente» al anterior jefe del Estado.
«En esa comunicación a las autoridades suizas se contienen graves afirmaciones e imputaciones de conductas que se realizan, a nuestro juicio, estando contradichas por otros hechos de los que nada se dice», denuncia.
Subraya el abogado que dicha solicitud de asistencia judicial no es pública, por lo que, salvo las autoridades destinatarias de la misma, únicamente debería estar en conocimiento de la Fiscalía, «cuyas actuaciones son reservadas», sin que le conste al abogado que hayan sido comunicadas a parte alguna del procedimiento.
