Un referéndum impulsado por la derecha plantea restricciones a la inmigración y al asilo, mientras el Gobierno y el Parlamento rechazan una propuesta que sus críticos consideran una maniobra antiinmigración
Suiza decide este domingo si establece un tope poblacional de 10 millones de habitantes para el año 2050, una medida que ha impulsado el Partido Popular Suizo (SVP) bajo la denominación de “iniciativa de sostenibilidad”. Sus detractores, sin embargo, interpretan la propuesta como una estrategia contra la inmigración en un país donde el crecimiento demográfico se ha acelerado durante las últimas décadas.
La consulta llega en un momento de transformación demográfica. La población suiza ha pasado de 7,3 millones de habitantes en 2002 a 9,1 millones en la actualidad, un aumento sostenido que ha reabierto el debate sobre la capacidad del país para absorber nuevos residentes. De esa cifra actual, un 27 % corresponde a ciudadanos suizos nacidos en el extranjero.
Restricciones antes de 2050
Aunque la fecha límite parece lejana, el texto de la iniciativa contempla medidas inmediatas si el crecimiento supera ciertos umbrales. El Gobierno tendría que aplicar restricciones de residencia y asilo si la población rebasa los 9,5 millones antes de 2050, lo que podría adelantar la puesta en marcha de controles migratorios.
La propuesta también podría alterar el equilibrio político y diplomático de Suiza con sus socios europeos. Las personas admitidas provisionalmente dejarían de acceder a permisos de residencia permanente y la reunificación familiar afrontaría nuevas limitaciones, una circunstancia que podría tensar la relación con la Unión Europea.
El acuerdo con la Unión Europea, en el punto de mira
El referéndum no solo afectaría al asilo y a la residencia. Suiza tendría que renegociar, en una segunda fase, los acuerdos internacionales vinculados al crecimiento demográfico, empezando por el tratado de libre circulación de personas con la Unión Europea, una de las piezas centrales de la relación bilateral.
El debate, además, divide a la opinión pública. Una encuesta de la radiotelevisión estatal suiza (SBC) sitúa el rechazo a la iniciativa en el 52 %, aunque el apoyo se mantiene elevado, con un 45 % de respaldo y un 3 % de indecisos, según el sondeo publicado el pasado 3 de junio.
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Rechazo institucional
Tanto el Gobierno como el Parlamento han mostrado su oposición a la propuesta. El Partido Popular Suizo defiende esta “iniciativa de sostenibilidad” como una fórmula para aliviar la “presión derivada de la densidad de la población”, que, según sostiene, encuentra en la inmigración uno de sus factores agravantes y dificulta un “desarrollo demográfico sostenible”.
Sus críticos, en cambio, alertan de que la medida podría convertirse en un giro restrictivo de gran alcance en la política migratoria suiza, además de abrir un periodo de fricción con Bruselas.
