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27 abril 2024 12:31 am

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Rosell: «El CGPJ debe apartar al juez Alba de la carrera»

La magistrada en excedencia, Victoria Rosell, considera que el Consejo General del Poder Judicial debe apartar al juez Alba de la carrera

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, considera que el Consejo General del Poder Judicial debe apartar de la carrera al juez Salvador Alba. Una opinión que llega después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la condena del juez a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación.

Rosell ha manifestado que la sentencia del Tribunal Supremo sobre Alba por manipular una instrucción para perjudicarla «no puede repararlo todo y menos el daño causado». Así, indica que es una «magnífica noticia» al confirmar «una sentencia magnífica también del TSJC».

«Echando la vista atrás, pienso en todos los medios que publicaron sin confirmar ni contrastar los documentos manipulados por Alba», señala. Unos documentos que, según Rosell, acabaron en manos del ex ministro Soria. «Este no ha explicado cómo es posible que su querella fuera una copia exacta de un documento judicial de Alba dirigido al fiscal», dice. «Se trata de un documento reservado, y recordemos que la querella de Soria provocó mi dimisión como diputada», indica.

La magistrada en excedencia valora de la sentencia, sobre todo, que Salvador Alba «pierda el cargo judicial». «En Canarias podemos estar tranquilos», añade.

A su juicio, el Consejo General del Poder Judicial «debe expulsarlo de la carrera» para que no vuelva «a abusar del poder con la toga puesta y desde un tribunal».

Salvador Alba, acusado de prevaricación, falsedad y cohecho

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, confirmada ahora por el Supremo, declaró culpable al magistrado de la Audiencia de Las Palmas por prevaricación, falsedad y cohecho. Tres delitos cometidos durante el tiempo en que sustituyó a Rosell al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

Además, el Tribunal le impuso penas de prisión e inhabilitación para el cargo público de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta. Asimismo, el pago de una multa de 12.000 euros y una indemnización de 60.000 euros a Rosell, como responsabilidad civil.

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