El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias ha advertido de que acudirán a los tribunales si el Gobierno de Canarias trata de «coaccionar» a los empleados públicos para que se vacunen a través de la obligatoriedad de presentar una PCR o un test negativo para poder ejercer su trabajo
El secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias , Manuel González, ha advertido este lunes de que el sindicato acudirá a los tribunales de justicia si el Gobierno de Canarias, a través del decreto ley que se va a publicar este lunes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), trata de «coaccionar» a los empleados públicos para que se vacunen a través de la obligatoriedad de presentar una PCR o un test negativo para poder ejercer su trabajo.
En una declaración difundida por la organización, González ha criticado que el Gobierno de Canarias haya decidido optar por la vía «unilateral» y no haya convocado a los sindicatos a mesas de trabajo o de Función Pública cuando hay una posible «vulneración de derechos fundamentales».
A su juicio, este decreto supone una modificación de las condiciones de trabajo, y sostiene que el Ejecutivo «está errando el tiro» al poner el foco de los contagios en el sector público cuando ya se han tomado todas las medidas preventivas.
Según González, el decreto ley es «muy desacertado» porque no ha contado con los agentes económicos y sociales, y aunque entiende que los trabajadores públicos y los ciudadanos tienen una «responsabilidad» para evitar la propagación de la pandemia, señala que hay que «respetar» las libertades individuales de los que «por cuestiones ideológicas, religiosas, o por miedos o cuestiones muy personales» decidan no vacunarse.
Sepca acudirá a la justicia si se coacciona a los empleados públicos
