El Alto Tribunal ha rechazado los recursos interpuestos por PP y Vox y ha aprobado la sentencia con el aval de la mayoría progresista
El Tribunal Constitucional ha avalado la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que impide a este órgano hacer nombramientos cuando esté en funciones. El Alto Tribunal ha rechazado los recursos interpuestos por el PP y Vox y ha aprobado la sentencia con el aval de la mayoría progresista frente al rechazo del bloque conservador.
Fuentes jurídicas han informado de que el Pleno del tribunal de garantías, que tenía dos ponencias sobre la mesa radicalmente opuestas, una por cada recurso, ha respaldado la posición de la magistrada progresista María Luisa Balaguer, que avala la constitucionalidad de la reforma, frente a la del magistrado conservador César Tolosa en contra.
La mayoría progresista ha impuesto su postura a favor de prohibir al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos cuando tenga el mandato caducado. Esto es exactamente lo que ocurre actualmente con un Consejo que cumple cinco años en funciones con solo 16 de sus miembros.
Voto en particular contra la sentencia
Los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa y la magistrada Concepción Espejel han anunciado que formularán un voto particular contra la sentencia que impide al CPGJ hacer nombramientos mientras esté en funciones.
De hecho, el presidente Cándido Conde Pumpido ha encargado a Balaguer que redacte la ponencia correspondiente al recurso del PP contra la misma norma, una vez que Tolosa ha declinado su ponencia.
Una reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos
La reforma, impulsada por PSOE y Unidas Podemos, se hizo con la intención de forzar al PP a renovar el Consejo pero los populares no cambiaron su posición y, además, se causó un problema añadido con un goteo incesante de nombramientos pendientes en el Supremo y los tribunales autonómicos, que han alzado la voz contra las consecuencias de la reforma.
Son ya 83 las vacantes que restan por cubrir en la cúpula judicial, 23 de ellas en el Supremo, que lleva tiempo advirtiendo del riesgo de colapso debido a su situación «insostenible».
