Desde primera hora de este miércoles, la UCO ha estado dentro de la sede del PSOE en la calle Ferraz para recabar pruebas por el caso Leire Díez y el caso SEPI. También registran los domicilios de Gaspar Zarrías y Santos Cerdán
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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron a primera hora de este miércoles a la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para recabar pruebas. En un primer momento se especuló sobre que se tratase de una investigación sobre presunta financiación ilegal del partido, como informaron a EFE fuentes próximas a la investigación. Sin embargo, también se apunta a que el motivo tenga que ver con la investigación alrededor del «caso SEPI» y el caso denominado «Fontanera», el relacionado con Leire Díez por sus presuntas maniobras y contactos para recabar información comprometedora contra la UCO y las instituciones judiciales.
La orden ha sido dictada por la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Anticorrupción. El juez Santiago Pedraz estaría detrás de esta operativa.
También este miércoles se registrarán otras sedes del partido en otros puntos de España. La UCO está también investigando dentro los domicilios de otros dirigentes socialistas. Serían los de Gaspar Zarrías y Santos Cerdán. Las primeras informaciones apuntan a que buscaban documentos de posible financiación B del partido. Es el resultado de meses de investigación tras hallar mensajes, comunicaciones y movimientos bancarios de altos dirigentes del PSOE relacionados con esta supuesta financiación ilegal.
Registros en domicilios
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están registrando los domicilios del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y del empresario Javier Pérez Dolset en el marco del caso Leire Díez que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Los agentes están registrando el domicilio de Cerdán en Milagro (Navarra) y el de Pérez Dolset en Móstoles (Madrid), según han informado a EFE fuentes de la investigación.
Estos registros forman parte del mismo operativo que ha desplegado la UCO desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir documentación relacionada con pagos a la exmilitante del PSOE Leire Díez.
Además de esta actuación y los registros en los domicilios de Cerdán, también investigado en el caso Koldo, y de Pérez Dolset, los agentes de la UCO se encuentran también en un domicilio de Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías.
Actuación judicial
Esta actuación está ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Requiere documentación al PSOE dentro de la investigación de la supuesta trama para desestabilizar procedimientos judiciales contra el partido
El juez Pedraz ha ordenado a la UCO que acuda a la sede del PSOE para requerir diversa documentación y archivos electrónicos en una investigación contra una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al gobierno.
El juez dirige el procedimiento contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, María Leire Diez Castro, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
Otros invetigados
También investiga al abogado Jacobo Teijelo Casanova y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del estado.
Igualmente, el titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del tribunal Central de Instancia considera que de los hechos investigados aparece descrita la indiciaria responsabilidad de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos de antes descritos. y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.
Respecto de Juan Manuel Serrano Quintana y Juan Francisco Serrano Martínez, el magistrado señala que aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan, aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.
El magistrado considera que la actividad presuntamente delictiva investigada es grave tanto por las penas que pudieran imponerse, como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación, por lo que considera proporcionados los requerimientos acordados.
Estas medidas se concretan en requerimientos a personas físicas y jurídicas, así como a entidades públicas y privadas para que hagan entrega con carácter inmediato de toda la documentación, archivos electrónicos y la información que se detalla en los tres autos que han sido notificados ese miércoles oir la mañana a los representantes legales de los requeridos.
Primeras reacciones
La noticia se ha conocido justo antes del comienzo de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. En ella, el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha expresado su respeto a los procesos judiciales y a la presunción de inocencia.
Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que “no queda más remedio que darle la voz a los españoles de forma inmediata”.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avisado este miércoles de que si se demuestra que hubiera financiación ilegal del PSOE sería una «línea roja» para su formación y pedirían elecciones generales para que la «gente decida».
Rufián se ha pronunciado así, en declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, nada más conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentra en la sede central del PSOE para recabar pruebas sobre presunta financiación ilegal del partido.
Ha apuntado, no obstante, que estas investigaciones son largas y que se está en un momento en el que «no se sabe lo que es cierto».
