El expresidente del Gobierno se enfrenta a acusaciones de tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha comenzado a declarar este miércoles a las 09:12 horas ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional de Madrid como investigado por el caso Plus Ultra. El exlíder socialista comparece por presuntamente liderar una trama de tráfico de influencias a favor de la citada aerolínea a cambio de comisiones.
El coche oficial dejó al ex secretario general del PSOE en las inmediaciones del edificio judicial por motivos de seguridad. Posteriormente, el investigado accedió a pie a la sede por la puerta principal, reservada exclusivamente para jueces, fiscales y funcionarios.
Por consiguiente, la entrada al edificio se produjo a las 08:49 horas bajo un despliegue policial que blindó por completo el recinto. En el exterior esperaban unos 200 periodistas junto a manifestantes que coreaban consignas contrarias al expresidente.
Además, un curioso cuarteto de cuerda ponía banda sonora a la tensa espera en los exteriores de la Audiencia Nacional. Toda esta expectación refleja la enorme trascendencia de la cita judicial de esta mañana en Madrid.
Los delitos investigados en la trama
El juez sitúa a Zapatero en el «vértice» de una supuesta red corrupta. Según los indicios, el expresidente aportaba sus contactos institucionales y empresariales de alto nivel para beneficiar a la aerolínea Plus Ultra.
Por este motivo, la causa judicial persigue los delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental. Asimismo, la investigación incluye delitos de contrabando y fraude fiscal imputados recientemente por el magistrado.
Estas últimas acusaciones penales nacen del hallazgo policial de casi 80 joyas en la oficina del exlíder socialista. Las piezas están valoradas en 1,3 millones de euros y la Policía las incautó en una caja fuerte.
Petición de prisión y estrategia de defensa
El abogado de la acusación popular Iustitia Europa, Luis Pardo, calificó la jornada de hoy como un día histórico para España. El letrado comparó la situación actual con el riesgo de fuga del político catalán Carles Puigdemont.
Por ello, la acusación popular instó al Partido Popular a solicitar la prisión provisional para el expresidente de manera inmediata. La formación conservadora coordina actualmente las diferentes acusaciones populares personadas en el proceso judicial.
Por su parte, el investigado cuenta con el derecho constitucional a no prestar declaración, a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen, y a no declarar contra sí mismo. De todos modos, el expresidente ya aseguró que ejercerá su defensa con total firmeza y convicción.
Defensa gubernamental y confianza socialista
La ministra portavoz, Elma Said, defendió ayer la presunción de inocencia de Zapatero tras la reunión del Consejo de Ministros. El Ejecutivo exige respeto para los tiempos de la justicia y avala el derecho a la legítima defensa del expresidente. Además, el Partido Socialista denuncia una campaña de persecución contra sus miembros y califica a Zapatero de hombre intachable.
Por su parte, el portavoz parlamentario socialista, Patxi López, mostró una seguridad absoluta ante los medios de comunicación. López confía en que la declaración judicial desmontará las acusaciones y aclarará la situación del antiguo líder. En consecuencia, el partido cierra filas en torno a su figura para contrarrestar la ofensiva de la oposición.
Sin embargo, las explicaciones oficiales no calman los ánimos de las acusaciones populares personadas en la causa criminal. Los colectivos denunciantes exigen medidas cautelares contundentes por la gravedad de los delitos investigados. De hecho, el ambiente en los exteriores de la Audiencia Nacional refleja la profunda división social existente.
Bloqueo parlamentario y crispación en el Congreso
La mesa del Congreso rechazó ayer las enmiendas del Partido Popular y de Junts para pedir elecciones anticipadas. Ambos partidos de la oposición pretendían debatir estas propuestas hoy miércoles durante la tensa sesión de control al Gobierno. Por lo tanto, el bloque conservador buscaba forzar la disolución de las Cortes y la caída de Pedro Sánchez.
El órgano parlamentario argumenta que estas peticiones vulneran los derechos reservados exclusivamente a la Presidencia del Gobierno. Por consiguiente, la potestad de convocar un adelanto electoral corresponde de forma única y soberana a Pedro Sánchez.
La decisión de la mesa provocó la indignación inmediata de la portavoz popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz. Muñoz tachó de cobardes, mentirosos y corruptos a los miembros del bloque que sostiene al Ejecutivo actual. A causa de esto, la sesión de control se desarrolla en un clima de hostilidad parlamentaria extrema.
Comparecencia en el Senado y frente judicial
La actualidad salpicó también al Senado con la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. González negó ante la Comisión de Interior cualquier implicación en una trama para anular causas judiciales del PSOE. Las sospechas nacen de unos informes de la UCO sobre reuniones con la exmilitante socialista, Leire Díez.
La directora confirmó la existencia de dos encuentros rápidos con Díez en una simple toma de contacto profesional. González aseguró que jamás interfirió ni frenó investigación alguna de la UCO o de otra unidad del cuerpo. Por ello, la responsable de la Benemérita rechazó con firmeza las acusaciones de conspiración de la oposición.
El Partido Popular y Vox exigieron de forma inmediata la dimisión de la directora de la Guardia Civil. Ambas formaciones otorgan total credibilidad a los informes entregados al juez por los propios agentes de la UCO. Mientras tanto, cientos de personas protestan contra la corrupción en las puertas de una Audiencia Nacional blindada.
