Ambas administraciones, Estado y Canarias, que difieren en el proceder legislativo, emplazan su entrada en vigor al mes de septiembre
El Gobierno de Canarias y el Estado han pactado una reforma urgente de la Ley de Extranjería para el reparto de los menores migrantes no acompañados llegados a las islas entre todas las autonomías y así aliviar la presión migratoria que atraviesa el archipiélago.
Así lo han expuesto en una rueda de prensa el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, que mantienen, no obstante, diferencias sobre el procedimiento a seguir a la hora de promover esta reforma legislativa, de la que quedan flecos jurídicos que pulir, si bien se pretende que esté aprobada, en forma de decreto ley, como quiere Canarias, o de proposición de ley, como plantea el Gobierno, el próximo mes de septiembre.
Que no se exceda un 150% de la capacidad de acogida de menores migrantes
El ministro Torres señaló que el reparto de menores migrantes de realizará en aquellas CCAA en las que se exceda un 150% de la capacidad asignada, lo que en Canarias significaría parar a tutelar unos 3.000 menores.
Al respecto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, indicó que, si bien sigue siendo una cantidad importante de menores migrantes tutelados en las islas, será «evidentemente un alivio de presión importante para los recursos saturados».
«Con lo cual el Ministerio, al tener un grado de saturación de un 150%, está determinando que la capacidad canaria es de 2.000 y ese 50% más son los 1.000, con lo cual dejaría en 3.000, que es lo que se nos quedaría aquí aproximadamente, el cupo que debería tener Canarias», explicó el máximo dirigente regional.
Qué pasa una vez la comunidad autónoma esté saturada
Clavijo ha declarado que Canarias reclama de igual modo que, una vez que una CCAA, esté saturada y tenga el 150% cubierto, a los nuevos menores que lleguen de manera irregular se les asigne directamente una comunidad y que, tras un periodo de quince días, puedan ser derivados.
«Nuestros servicios jurídicos –continuó– entienden que el Estado, independientemente de que estén en Canarias, haga la asignación en este momento». Con todo, el presidente apuntó que la Comunidad Autónoma y el Ministerio han quedado emplazados para trabajar en los próximos días.
«A ver si en el plazo de 10 o 15 días se puede producir otra sectorial interministerial donde ya tengamos el texto. Y si el acuerdo político es decreto ley, pues decreto ley, y que si el acuerdo político es proposición de ley, pues que sea proposición de ley.
En cualquier caso, esperó que, en el mejor de los casos, en septiembre se pueda contar ya con un acuerdo y que se pueda comenzar con las derivaciones de menores migrantes a otras comunidades autónomas.
